Cataluña

Tres años de suspensión para el juez de la Constitución catalana

Por Cristina Guzmán2 min

España27-02-2015

Santiago Vidal tendrá que dejar su plaza en la Audiencia de Barcelona a la espera de que recurra ante el Supremo o impugne la decisión y pida la suspensión cautelar del castigo. La condena impuesta por el CGPJ no ha estado exenta de polémica; el debate duró más de siete horas y la votación estuvo muy reñida, 12 votos a 9 y todos del bloque conservador.

El pleno descartó finalmente el castigo propuesto por el  máximo promotor, Antonio Fonseca-Herrero, de expulsar de la carrera al juez Santiago Vidal por su participación activa en la redacción de un esbozo de Constitución catalana. Tanto la Fiscalía como la máxima autoridad disciplinaria consideraban culpable a Vidal de: “la vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades”, recogida en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de “la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, artículo 417.14 de la misma ley. El pleno decidió descartar la primera directamente, sin votación, y la acusación se concretó en la segunda considerada una infracción disciplinaria grave. Además la autoridad disciplinaria considera probado que el magistrado participó “activamente, y al margen de cualquier cobertura” en la redacción del citado documento y que esta actuación no puede acogerse al derecho de libertad de expresión, ya que contradice “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”.

Santiago Vidal perderá entonces su plaza como magistrado de la Audiencia de Barcelona y si a sus 61 años decide volver a ejercer tras la condena tendrá que solicitar un nuevo destino. Sus opciones ahora se reducen a; presentar en los próximos dos meses un recurso ante el Tribunal Supremo o impugnar la condena y pedir la suspensión cautelar del castigo. En ambos casos podría seguir ejerciendo hasta que se emitiese el fallo definitivo. La condena impuesta, tres años de inhabilitación, es el plazo máximo de suspensión contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La votación estuvo muy reñida y finalmente la medida se sacó adelante gracias al bloque conservador liderado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Este proponía junto a Fonseca-Herrero la pena máxima para el magistrado, ante el desacuerdo entre los miembros del consejo, incluso los del bloque más conservador, se optó finalmente por una suspensión en funciones.