Andalucía
Nuevas detenciones en el caso de los cursos de formación
Por Cristina Guzmán
2 min
España10-02-2015
La nueva fase dentro de la investigación sobre las subvenciones concedidas por la Junta para la formación se denomina “Edu Costa”. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, está llevando a cabo las pesquisas que afectan a todas las provincias andaluzas menos Jaén. Entre los detenidos se encuentra la ex alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, otros tantos cargos municipales del PSOE, uno del PP y un sacerdote.
La macro operación en torno a la concesión de ayudas públicas para los cursos de formación a desempleados se inició a principios del pasado año tras una denuncia de la Seguridad Social. Las investigaciones de la UDEF demostraron que existían “irregularidades; numerosas, persistentes y graves” en el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo que se remontan al año 2009. Estos fondos debían ser destinados a la organización de cursos para la formación y reinserción de parados y en cambio fueron concedidos a empresas dedicadas a captar este tipo de subvenciones y en muchos casos relacionadas con distintos cargos de la Administración. Este tipo de sociedades la mayoría de veces no realizaban los cursos o se impartían sin cumplir con las exigencias necesarias. Tanto las fuentes policiales como la Fiscalía apuntan a posibles negligencias por parte de la Junta al no contar “con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado”, además señalan “una ausencia de control y seguimiento”. Estas ayudas quedaron reguladas bajo la norma 32D del 23 de octubre de 2009 y las investigaciones policiales tratan de averiguar si está se hizo “ad hoc” para beneficiar el desvío de los fondos públicos y el por qué de la falta de seguimiento posterior, “la normativa es una chapuza” señalan fuentes del dispositivo policial.
Pese al secreto parcial de sumario decretado por la jueza Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso en Sevilla, se ha conocido que el fraude podría ascender a los 2.000 millones de euros. A los cargos políticos y sindicalistas ya imputados se ha añadido en esta nueva fase a la ex alcaldesa socialista en Jerez de la frontera, Pilar Sánchez. Otros nombres relevantes son los de Ángel Ojeda y Antonio Fernández, ex consejeros de la Junta, y el de Federico Fresnada, ex tesorero de UGT en Andalucía. El escándalo, que se destapó en plena campaña para las europeas, “suena a campaña electoral y estrategia política” del PP, según afirmaron fuentes socialistas en su momento. Por su parte la Junta de Andalucía se siente víctima de una conspiración tras las numerosas causas abiertas en los últimos años como el caso de los ERE o el caso UGT-A. El Consejero de Educación, Luciano Alonso, acusó al Gobierno de haber abierto una “causa general contra toda Andalucía” y de que le “da igual el coste de sus acusaciones para cientos de entidades honradas y eficientes”, El Partido Popular afirma que no le sorprende que este caso supere al de los ERE y el Ministerio del Interior niega “categóricamente” haber hecho ninguna filtración de información al respecto.