Inmigración

El PP quiere legalizar las devoluciones en caliente

Por Marina Cortazar2 min

Sociedad22-10-2014

La Guardia Civil lleva practicando la devolución en caliente desde hace más de diez años, sin embargo, las últimas órdenes al respecto están siendo investigadas por un Juzgado en Melilla, y ha costado la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla. Por este motivo, el Partido Popular ha presentado una enmienda de adición mediante la cual pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado las devoluciones inmediatas en Ceuta y Melilla.

El párrafo que el Partido Popular pretende que figure como “Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla” en la Ley de Extranjería, dicta “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Tal y como explica el PP en sus enmiendas, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga “una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Para conseguirlo, han propuesto la enmienda para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, han añadido que “la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad". La normativa actual prohíbe este tipo de prácticas, ya que cuando un inmigrante cruza la frontera y se encuentra en territorio español, la Ley de Extranjería obliga a realizar una serie de pautas. Éstas consisten en que el inmigrante debe ser trasladado a comisaría, y una vez allí, la Policía intenta identificarlo para poder abrirle un expediente de expulsión. Además, el inmigrante tiene derecho a un intérprete, a pedir asilo político y a la asistencia de un abogado. Si el inmigrante proviene de Marruecos, los trámites para la readmisión son más rápidos, de acuerdo con el convenio de readmisión hispano-marroquí, pero en todos los casos, el inmigrante debe ser llevado a comisaría para llevar a cabo la identificación y que Marruecos, por su parte, proporcione un acuse de recibo. Aunque, según denuncian los colegios de abogados y las ONG, se ha convertido en algo sistemático la vulneración de la Ley de Extranjería en la ciudad de Melilla, ya que los inmigrantes son devueltos a Marruecos sin haber sido realizados ninguno de los trámites obligatorios. Tanto es así, que el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación. El juez encargado del caso cuestiona la actuación de la Guardia Civil en los sucesos producidos el 18 de junio y el 13 de agosto, en los que los inmigrantes realizaron saltos masivos para llegar a España. Según las declaraciones de algunos guardias civiles, llevan a cabo las devoluciones en caliente porque son sus propios jefes los que les obligan, lo que ha propiciado las críticas de asociaciones como Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha asegurado que “es ilegal que un Estado simplemente devuelva a los inmigrantes. España ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia y tristemente, no es la primera vez.”