Consejo de Ministros

Aprueban el proyecto de Ley de la Financiación Empresarial

Por Mara Portela3 min

España03-10-2014

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, definido como un “nuevo marco legal para mejorar la financiación de las pymes”. Este establece nuevas normas como que las pymes que vean mermada o cancelada su financiación recibirán un preaviso al menos tres meses antes, que el inversor acreditado no tendrá limite para el “crowdfunding” y el minorista podrá invertir hasta 3.000 euros por proyecto y que establece un techo de capitalización de 500 millones de euros para operar en el Mercado Alternativo Bursátil.

Este nuevo Proyecto de Ley se basa en la protección de las pequeñas y medianas empresas, pues esta norma establece que las entidades de crédito españolas deberán ofrecer preavisos de al menos tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida, un 35% o más. Además podrán pedir a la banca informes sobre su situación o incluso su calificación crediticia, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Establecemos un régimen más eficaz en lo que tiene que ver con las garantías”, declaró el titular de Economía. De esta manera, junto con el preaviso, se establece que las pymes tienen el derecho de obtener de la entidad bancaria correspondiente información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto, calificación crediticia. Estas solicitudes de las pymes deberán ser atendidas en el plazo de diez días hábiles y de forma totalmente gratuita, asimismo, podrán solicitar estos datos en cualquier momento y de forma incondicionada establece la norma. Asimismo, esta nueva norma establece que los inversores particulares y no cualificados podrán invertir un máximo de 10.000 euros anuales y nunca más de 3.000 euros por proyecto en actividades de “crowdfunding”. Se establece de esta manera un régimen jurídico para las plataformas online de micromecenazgo, que contará con un marco que permita la protección de los inversores. La nueva Ley regula por lo tanto este sistema de financiación, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores pasará a supervisar estas transacciones y crear normas de conducta. Este ha sido uno de los temas principales tratados en el Consejo de Ministros, entre los que destacan otros como la creación de una comisión de expertos que colaborará en la puesta en marcha del centro para la memoria de las víctimas del terrorismo. El cometido fundamental de esta comisión de expertos será el de la confección de un informe de recomendaciones para el diseño del centro, que se ubicará en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y cuyo cometido principal será el de “preservar y difundir los valores éticos y democráticos que encarnan las víctimas del terrorismo y construir la memoria colectiva de las víctimas”. Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz: "Se trata de compaginar el rigor científico con el absoluto respeto a la dignidad de las víctimas del terrorismo". La comisión de expertos deberá entregar un informe en el plazo de tres meses. Estará presidida por el periodista Florencio Domínguez. También se estableció durante la sesión del Consejo de Ministros una serie de medidas en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares. De esta manera, se instauró la hibernación de las instalaciones del almacén Castor, la extinción de la concesión, la asignación de la administración de las instalaciones a Enagás Transporte y el reconocimiento de inversiones a Escal UGS, S.L. “Con estas medidas se da solución a la compleja situación técnica existente y se reduce el coste para el sistema gasista en más de 110 millones de euros anuales a partir de 2017”, según fuentes de la Moncloa. En cuanto a Sanidad, el Consejo de Ministros estableció la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas con un importe total de 1.562.870 euros para el desarrollo de sistemas de información sanitaria y para combatir enfermedades raras. Esta distribución se realiza con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y fue acordada con los responsables autonómicos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en base a criterios poblacionales. Asimismo, se ha autorizado la aportación de España, con un importe de dos millones de euros, como contribución voluntaria al Fondo Central de Respuestas a Emergencias de Naciones Unidas, creado en 2005 con la finalidad de “promover la acción temprana con el objeto de reducir vidas humanas en caso de catástrofe, favorecer una respuesta inmediata a necesidades básicas en situaciones de emergencia y reforzar los elementos centrales de la respuesta humanitaria en las crisis”.