Independencia

El gobierno mantiene su postura con respecto a la consulta

Por Adriana Robledo2 min

España12-09-2014

La consulta soberanista ha recibido otro revés. Por ahora, los catalanes marcan en rojo el nueve de noviembre cuando acudirán a las urnas a decidir si quieren seguir con España o crear un nuevo futuro en soledad. Artur Mas declaró que no haría nada ilegal después de que el tribunal supremo declarase la consulta ilegal porque la constitución no la permite. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comentado este viernes en rueda de prensa que el gobierno mantendrá su postura con respecto a la iniciativa de Mas tras la Diada que se celebró ayer en Cataluña.

Santamaría ha declarado tras el consejo de ministros en rueda de prensa que “el gobierno no puede cambiar su posición porque no es derivada de una decisión ni un capricho”. La vicesecretaria ha subrayado que los gobernantes tienen obligación de cumplir la ley y “hacerla cumplir”. Santamaría ha mostrado su respeto ante las personas que se manifestaron en la V de la Diada en Barcelona pero también ha recalcado que, la misma constitución que les permite manifestarse no permite la consulta soberanista del próximo nueve de noviembre. La vicepresidenta ha contestado ante la convicción de Mas de que los catalanes saldrán a las urnas para votar aunque no puede concretar “en qué condiciones. Santamaría quiere ir paso a paso y no adelantar acontecimientos como interpretar si lo que la Generalitat le otorgará a los catalanes será votar en unas elecciones autonómicas. “Lo que no depende del gobierno de la nación, se comenta cuando se produce”, ha declarado. El primero paso que ha comentado Santamaría será tras la aprobación de la ley de consultas, que aprobará el parlamento catalán el próximo 19 de septiembre. El gobierno considera esta ley inconstitucional según la redacción de la misma. El ejecutivo recurrirá la norma al tribunal constitucional mediante un consejo de ministros que presentará el recurso y solicitará una suspensión inmediata de la norma, para evitar que entre en vigor antes de que resuelva el recurso. Les recuerdo a algunos miembros de la Generalitat que si el Gobierno plantea el recurso y lo pide, la suspensión es automática", ha comentado la vicepresidenta además de insistir en que “esto va por pasos”. El fiscal general del estado, Eduardo Torres-Dulce, ha comentado que la fiscalía y los tribunales actuarán “en consecuencia” si Mas decide sacar las urnas. El departamento de Torres-Dulce ha estudiado “todas las posibilidades de actuación hipotéticas” y ya está preparado para actuar en caso de que Mas no cumpla la constitución. El plan de la fiscalía, según Torres-Dulce, será apelar al “código penal”. “Tenemos todos los instrumentos del código penal para ponerlos en marcha” y que este texto sería el último recurso “para supuestas rupturas de la convivencia”. El uso de los “instrumentos” puede depender de lo que decida el tribunal constitucional ante el cual el gobierno quiere recurrir la convocatoria de la consulta. El tribunal puede “simplemente” suspender la consulta o “establecer condiciones”.