ARGENTINA
Se entrega el ex dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri
Por Ángela González Rodríguez
2 min
Internacional12-07-2002
El juez federal Claudio Bonadío, que investiga el destino final de unos 20 militantes de la organización guerrillera Montoneros desaparecidos durante la dictadura militar, ordenó la detención del ex dictador argentino así como la de sus subordinados, acusados de facilitar información al Batallón 601 del Ejercito, del que dependían varios centros de detención ilegal durante la dictadura de Galtieri.
Los detenidos eran responsables del servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra y entre ellos, junto con el presidente de la nación, decidieron la invasión de las islas Malvinas en 1982. Además de Galtieri, estaban los ex comandantes Cristino Nicolaides y Carlos Guillermo Suárez Mason, el general retirado Juan Ramón Mabragaña y el ex jefe de la Policía Federal, Raimundo Romero Ojeda. El ex presidente Leopoldo Galtieri, el único que permanecía hasta ahora en libertad, se presento de forma voluntaria en la dependencia militar del barrio de Palermo, donde permanece recluido desde el pasado 10 de Julio. Los demás acusados están detenidos bajo arresto domiciliario por distintas causas, como la de robos de niños nacidos en cautiverio. El propio Galtieri ha prestado declaración ante el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición de 20 personas pertenecientes a la agrupación guerrillera Montoneros. El ex represor fue presidente de la Republica Argentina entre 1981 y 1982. Fue condenado por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en 1986 a 12 años de cárcel por "negligencia" e "impericia" en su actuación durante la Guerra de las Malvinas, pero tres años después quedó en libertad gracias a un indulto del entonces presidente de Argentina Carlos Menem. No obstante, debido a su avanzada edad, 75 años, no se le aplicará la pena de prisión sino el beneficio del arresto domiciliario. La investigación se inició por la denuncia de la esposa de uno de los desaparecidos y de los familiares de las víctimas. El juez Bonadío investiga los procedimientos conjuntos de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur en el marco del llamado Plan Cóndor y fue uno de los magistrados que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Estas leyes ya habían sido derogadas por el Congreso en marzo de 1998, al cumplirse 22 años desde el golpe de Estado de 1976, pero sus efectos protectores cesaban desde ese momento en adelante y mantenían abierta la impunidad sobre los delitos del pasado.