POLÍTICA

El Tribunal de Cuentas promete transparencia

Por Sergio Castilla4 min

España08-07-2014

El Tribunal de Cuentas se propone recuperar la confianza de la sociedad. El presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, ha sido el primero en asumir la complicada tarea al ofrecer este martes explicaciones sobre las presuntas irregularidades destapadas por el diario El País en las últimas semanas. Tales informaciones revelan, por un lado, la multiplicidad de contratos de obras de reforma en sus sedes y, por otro, la profusión de lazos familiares en su plantilla. El presidente del organismo ha tratado de negar las acusaciones y ha prometido medidas como cambiar el proceso de selección y someter la institución a una auditoría externa.

Durante su comparecencia este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha vuelto a negar las informaciones que cree que "afectan al buen nombre y al prestigio" del organismo sin "transmitir una imagen fiel" del trabajo que se está realizando y del proceso "modernizador" llevado a cabo en los últimos años. En cualquier caso, se ha comprometido a incrementar la transparencia de la institución con el objetivo de "recuperar la confianza de la sociedad" mediante la búsqueda de la "excelencia" en su trabajo. "Ante noticias como las publicadas debemos recuperar la confianza de la sociedad, y ésta solo se conseguirá mediante la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestra labor. Solo de esta manera, haciendo más con menos recursos y siendo proactivos en el cumplimiento de nuestros fines, seremos capaces de responder a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Es necesario que el Tribunal adopte una posición activa para evitar que noticias como las publicadas puedan generar confusión o intranquilidad", ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas. Para mejorar la imagen de la institución, su presidente se ha comprometido a que, de ahora en adelante, se publicarán todos los contratos de obras -incluidos los que no llegan al límite legal-, así como la relación de puestos de trabajo y el currículum de quienes accedan a los mismos. En segundo lugar, ha anunciado que se modificarán los procesos de selección de personal -para los puestos de letrados y auditores- para asemejarlos a otras oposiciones como las de abogado o interventor del Estado, "cuerpos de reconocido prestigio". La institución también tiene previsto modificar la composición de los tribunales de oposición para que los integren funcionarios que no presten servicios en el organismo fiscalizador. Además, se congelará la incorporación de personal laboral y se estudiará "una modificación de la relación de puestos de trabajo primando la designación por concurso frente a la libre designación". Otra importante medida para aumentar la transparencia será la de someter la actividad del Tribunal a una auditoría externa por otra entidad fiscalizadora superior que puede ser, por ejemplo, un tribunal de Cuentas de un país extranjero. El pasado mes de junio, el periódico El País publicó una información que desvelaba que el Tribunal troceó proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas y las adjudicó a la misma firma que reformó casas de altos cargos. Semanas después, el mismo diario dio a conocer que una centena de la plantilla de 700 trabajadores del organismo tenía vínculos familiares dentro de la institución. El pasado lunes, una nueva información revelaba que siete secretarias eventuales de altos cargos y la hija del entonces secretario general se hicieron con una plaza fija en el organismo tras las últimas oposiciones convocadas, en las cuales 256 personas aspiraron a tan solo 14 plazas. En cualquier caso, el presidente de la institución ha negado todas las informaciones sobre presuntas irregularidades publicadas en las últimas semanas. En concreto, ha señalado que no se fraccionaron contratos para pequeñas obras de mantenimiento porque no correspondían a un proyecto general de reforma, sino que antes al contrario se produjeron en diferentes años y hasta en cuatro edificios distintos, y que incluso si se tomaran como un todo no habrían superado el umbral legal que obliga a sacar concurso público. Sobre las relaciones familiares de una centena de los trabajadores del Tribunal, Álvarez de Miranda ha asegurado que se "meten todos los casos en el mismo saco" pese a que se trata de situaciones "heterogéneas", ya que se incorporaron a su puesto de trabajo "antes que su supuesto benefactor", otros están relacionados con políticos "que nunca tuvieron relación con el tribunal" y que algunos "han establecido sus vínculos familiares una vez incorporados al Tribunal". También ha indicado que todas las contrataciones se realizaron "con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos" por la Función Pública. Finalmente, ha asegurado que los trabajadores que desarrollan labores informáticas cumplen los requisitos exigibles para cualquier otra Administración "e incluso superiores" y ha diferenciado a estos funcionarios del personal laboral que "desarrolla tareas auxiliares" y que sí tiene menores requisitos de conocimientos. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público en España. De este modo, ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. Según la ley, los Consejeros de Cuentas son nombrados "seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años", lo que supone una inevitable influencia de los partidos políticos en esta institución. Dada su vital labor contra prácticas como la corrupción, estas posibles irregularidades pondrían mucho en entredicho.