CRIMEN ORGANIZADO

La Guardia Civil desarticula una red de tráfico de medicamentos

Por Sergio Castilla3 min

Sociedad02-07-2014

Adquirían los medicamentos con la complicidad de unas 50 farmacias de todo el territorio nacional, para luego venderlos al extranjero por un precio tres o cuatro veces mayor. Así funcionaba la trama de tráfico de medicamentos que la Guardia Civil, con apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha desarticulado este miércoles. La investigación se ha saldado con la detención de un matrimonio que encabezaba la red -formado por un argentino y una bielorrusa- y la imputación de trece personas -procedentes de Lituania, Bielorrusia, Ucrania y España- que desempeñaban funciones comerciales y contables.

La operación, llamada Caduceo, comenzó el pasado mes de julio tras un aviso procedente de Navarra en el que explicaba que una farmacia había recibido un pedido considerable de determinados fármacos. De esta forma, y tras aceptar la propuesta, unas 50 farmacias de todo el territorio español suministraban y sacaban del canal de comercio medicamentos y se vendían a la trama. Estas farmacias están situadas en las comunidades de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid, Cataluña y Aragón. Las empresas proveedoras del almacén implicado adquirían los medicamentos requeridos por la organización a un precio inferior al que correspondía si los hubieran conseguido de manera legal, es decir, a través de los distribuidores oficiales. La organización pactaba con las farmacias el abono de un precio distinto al real, normalmente "venta de productos de parafarmacia", puesto que el IVA de los medicamentos es del 4 por ciento y el de la parafarmacia del 10 por ciento, de modo que las farmacias podían incrementar sus ganancias por la devolución del IVA, además de llevarse una comisión del 10 por ciento por la venta de estos productos. La red operaba en una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos con sede en Alboraya (Valencia), constituida por tres empresas más, donde se almacenaban los medicamentos para luego distribuirlos. Tras los registros de la Guardia Civil, se detectaron en estos almacenes 12.000 envases de medicamentos valorados en 300.000 euros, 163.000 en efectivo y 2.500 dólares americanos de curso legal. Igualmente, se bloquearon 19 cuentas bancarias, algunas en el extranjero. De los 12.000 envases de medicamentos incautados, un tercio son fármacos inscritos en la Circular 2/2012 del Ministerio de Sanidad, que regula la exportación de medicamentos destinados a la cura de enfermedades como la leucemia y la epilepsia o el tratamiento de pacientes trasplantados. El zulo donde se encontraban no reunía las condiciones sanitarias adecuadas. Los países de la Unión Europea que recibían este tipo de medicamentos eran Holanda, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca. La policía está actualmente realizando gestiones para que tengan conocimiento de este tipo de actividades y han asegurado hoy en rueda de prensa que la operación sigue abierta con la colaboración de la Europol. Por otro lado, aún se desconoce si los farmacéuticos implicados se enfrentarán a una infracción administrativa o a una imputación por delito contra la salud pública. "Estos medicamentos son considerados como falsificados puesto que no conocemos su origen ni sabemos cómo han sido conservados", ha dicho Belén Crespo, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). "Algunos de estos fármacos figuran en una circular que impide que salgan del país sin notificación previa para evitar el desabastecimiento. Se trata de antiparkinsonianos, para la leucemia infantil, antiepilépticos, inmunosupresores", ha indicado. "También hay psicotrópicos, que tienen que cumplir requisitos especiales". El comercio inverso de medicamentos es una infracción administrativa para las farmacias, no un delito. "Hasta ahora había cierta sensación de alegalidad", ha afirmado el teniente coronel Luis Peláez, implicado en la operación. "El beneficio les compensaba las multas, pero ahora estamos viendo que estas acciones pueden tener relevancia penal", ha añadido, y ha apuntado a los efectos de este tipo de comercio: "desabastecimiento del mercado nacional, riesgo para la salud del consumidor final por la forma de almacenamiento y perjuicios para la hacienda pública".