CASO NÓOS

El juez Castro pone fin a cuatro años de instrucción del caso Nóos

Por Selene Pisabarro3 min

España25-06-2014

Este miércoles se ha conocido la decisión del juez Castro de mantener imputada a doña Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, acusados de delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales entre otros. Sin embargo, no son más que una pieza del caso, que se remonta a 2010 cuando el magistrado comenzó a investigar unos falsos convenios entre el Instituto Nóos y el gobierno balear, implicado en el caso Palma Arena.

A pesar de que el caso Nóos –antes conocida como operación Babel- comenzó a investigarse en el año 2010, la trama se remonta al 2004. Durante este año, el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarín, comenzó a presidir el Instituto Nóos –creado en 1999-, que se dedicaba a la organización de eventos deportivos. Más tarde, su socio, Diego Torres, le relevó en el cargo en el 2006. Sin embargo, el caso Nóos no se puede entender sin el Palma Arena, al que está ligado intrínsecamente, que se destapó en el 2008. El ex presidente de las Islas Baleares, Jaume Matas, está acusado junto a otros cargos ejecutivos y políticos de malversación de fondos y blanqueo de dinero, entre otros. El magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, encontró relación entre ambos casos cuando el 22 de julio de 2010 comenzó a investigar los convenios suscritos entre los gobiernos de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana con el Instituto Nóos. Entonces, descubrió que eran irregulares porque simulaban la contratación de servicios entre 2005 y 2006 que nunca se llegaron a realizar. El dinero que recibió el Instituto –alrededor de 5.800.000 euros- se destinaba presuntamente a las entidades mercantiles que controlaban Torres y Urdangarín. La Fiscalía Anticorrupción ha determinado que eran irregulares puesto que a la hora de asignarlos, no se convocó previamente un concurso, además de que una entidad pública no puede firmar un convenio con empresas privadas al menos que se justifique que son las únicas que pueden prestar el servicio. A ambos socios se les acusa de los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. El 23 de febrero de 2013, Urdangarín declaró ante el juez en calidad de imputado y Torres una semana después, ocasión que aprovechó para inculpar a doña Cristina y a la Casa Real que, según él, estaba al tanto de su actividad. Casi un año más tarde y tras un intento fallido –la Fiscalía Anticorrupción recurrió en abril de 2013-, el magistrado la ha imputado el 3 de enero de este año. Precisamente, Torres acusó a la hermana del Rey de que tenía capacidad participativa en Nóos y además poseía el cincuenta por ciento de la empresa Aizoon S.L. El pasado 8 de febrero doña Cristina compareció ante el juez para prestar declaración. El juez Castro ha finalizado la instrucción este miércoles con más de 63.000 folios e imputando a 16 implicados de los 32 que había en un principio. También hay 18 empresas que conforman el círculo de la trama, entre ellas Aizoon. Según el magistrado, el objetivo de las actividades que realizaban Urdangarín y Torres era, expresamente, rentabilizar el matrimonio del primero con doña Cristina. El Instituto Nóos percibió 4,5 millones de euros procedentes de los fondos públicos que aún no han justificado los responsables. En el auto final de la instrucción mantiene que la hija de Juan Carlos I debe seguir imputada por varios delitos fiscales y de blanqueo de capital. También estima que su esposo debe ser juzgado junto el resto de implicados en la trama.