CRIMEN ORGANIZADO

14 detenidos por la trama de las facturas falsas en Andalucía

Por Sergio Castilla3 min

España24-06-2014

Nuevo golpe a la corrupción en Andalucía. Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana a catorce personas en el marco de una operación relacionada con el caso de las supuestas facturas falsas e irregularidades contables del sindicato UGT Andalucía. Entre los arrestados se encuentra el ex tesorero y varios trabajadores del sindicato, además de empresarios que inflaron las facturas. La redada, dirigida por el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, incluye registros en varias provincias españolas, como Sevilla, Madrid o Jaén.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reactivado esta mañana por orden del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla la 'operación Cirene', la cual investiga las facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores de la central sindical que ejercían como proveedores, unas facturas por servicios o actividades que supuestamente no se habrían realizado pero que sin embargo luego fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a cursos de formación. Se trata de las primeras detenciones ordenadas por el caso de las facturas falsas de UGT-A. Entre los diez detenidos está Federico Fresneda, responsable de las cuentas del sindicato entre 2005 y 2013, ya fuera de UGT. Fresneda formó parte de la Ejecutiva del ex secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, y su nombre aparece en documentos que lo vinculan con la presunta trama para desviar fondos a través de las facturas falsas. Entre los demás detenidos, empleados y ex trabajadores de la UGT, queda descartado que figuren otros ex altos cargos del sindicato. Los registros se han producido en Sevilla, Madrid y Jaén. En la capital hispalense, la UCO ha registrado la sede de la empresa Chavsa, dedicada al mobiliario de oficina; Lienzo Gráfico, y la agencia de viajes Macarena, que tramitaba la organización de desplazamientos del sindicato. En Jaén, ha sido inspeccionada la empresa KND Caronte, que ha editado algunas publicaciones para UGT-A, además de realizar trabajos audiovisuales. Por su parte, en Madrid, la UCO ha acudido a las instalaciones de la sociedad Siosa, que se dedica a la instalación de sistemas informáticos. La operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, cuyo titular, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto esta investigación. También participan la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil. La causa se inició el pasado verano a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias sobre el supuesto desvío de dinero procedente de subvenciones de la Junta de Andalucía para fondos de formación de parados a otros fines o actividades de UGT, como comidas en la feria de Sevilla, la compra de obsequios para congresos o pancartas y publicidad de la huelga general de 2010. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, adjudicó en mayo a la juez de instrucción 6 y responsable de la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, las diligencias por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Al mismo tiempo, entregó a los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las causas que abrió la Fiscalía Superior andaluza por distintas ayudas a la formación para el empleo. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha declarado que la Junta esperará "a que evolucionen los acontecimientos y la instrucción judicial" para decidir si se persona como acusación particular en este caso, una decisión que, en cualquier caso se adoptaría "de acuerdo con la indicación de los servicios jurídicos". El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha animado a la Justicia a seguir con esta investigación "caiga quien caiga" y ha señalado en una rueda de prensa en Huelva que le gustaría "que todas las investigaciones e instrucciones judiciales fueran lo más ágiles posibles, y no sólo es importante buscar a los responsables, sino que la ciudadanía pueda tener un relato veraz de lo ocurrido". Por su parte, la diputada autonómica del PP Ana María Corredera ha reiterado la petición al Gobierno andaluz para que asuma "responsabilidades políticas" por el presunto uso fraudulento de fondos para formación. Corredera ha calificado de "lamentable" que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no actúe" contra la corrupción y que su socio de gobierno "siga mirando para otro lado, calle y otorgue, y no exija ninguna responsabilidad política".