ABORTO

Gallardón suaviza la ley del aborto para incluir la malformación fetal

Por Fernando García3 min

Sociedad23-06-2014

Cesión de Alberto Ruiz-Gallardón con respecto a la polémica ley del aborto. El Ministerio de Justicia ha decidido modificar el anteproyecto para la inclusión de la interrupción del embarazo por motivos de malformación en el feto, como legal. Las anomalías fetales deberán ser graves, pero no necesariamente incompatibles con la vida. Con esto se eliminará el polémico asunto de que la madre deba contar antes con un informe de un posible daño psicológico para ella, que había causado división incluso dentro de las filas del PP.

La legalización de este tipo de interrupción del embarazo no se incluirá en un supuesto aparte. El aborto por malformación fetal sigue siendo un concepto que no gusta en los gestores del anteproyecto, que si que lo redactarán para que sea posible. Aun así, los condicionamientos alargarán y complicarán el proceso para la embarazada. Los dos supuestos que si están incluidos son por motivo de violación o riesgo grave para la vida o salud física o psíquica de la madre. Desaparece por tanto, el tercer supuesto de malformación como tal, que estaba presente desde la ley de 1985. La reforma del anteproyecto viene marcada por la polémica inclusión de la necesidad de dos informes médicos o psiquiátricos de diferentes centros sobre el riesgo para la embarazada, independientemente de la probada malformación o incompatibilidad para la vida fetal. Gallardón elimina así una de las partes que más rechazo había provocado, ya que la malformación del feto por si solo valdrá para la legalización de la interrupción del embarazo. La justificación será la presuposición de que la malformación fetal directamente implica daño psicológico para la madre. El mismo supuesto valdrá para el caso de violación, que permitirá la interrupción del embarazo solo con presentar la denuncia. En el resto del texto, se vuelve al sistema de supuestos, con lo que las embarazadas ya no podrán abortar sin justificación en las primeras 14 semanas, como es desde 2010 de aplicación en España. En principio, se mantiene la imposición de los dos informes favorables psiquiátricos para el aborto por motivos de riesgo para la salud mental de la madre, y uno de los facultativos que lo otorguen deberá informar de forma “personal, individualizada y verbal” sobre los riesgos y consecuencias de la interrupción. También deberán acudir a los servicios sociales, donde volverá a recibir asesoramiento, en la que se recordará a la solicitante que el feto “constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, así como alternativas al aborto. Además, la madre deberá permanecer en un periodo de espera de siete días después de obtener los certificados antes de ratificar su decisión de abortar. La duda se mantiene sobre si los plazos para abortar se mantendrán en las 22 semanas que recogía el anteproyecto cuando se presentó en diciembre, y ha dejado las posteriores solo para los embarazos que causen riesgo a la vida de la madre. Se respetan los informes del CGPJ y Consejo Fiscal parcialmente Estas modificaciones responden a las solicitudes de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, aunque no las respetan completamente. Se abre así la posibilidad a suavizar los trámites, lo que permitiría que no se incluyera la necesidad de que los dos facultativos pertenecieran a diferentes centros de salud o incluso que con un informe fuera suficiente. Asimismo, el Consejo Fiscal consideraba los procesos como “excesivos, cuando no de imposible cumplimiento”. Justicia aun no se ha manifestado sobre la posible modificación de esta parte del anteproyecto. En lo que no parece que vaya a ceder el equipo de Gallardón es en el caso de los menores. Las embarazadas de 16 y 17 años que no cuenten con la autorización para abortar por parte de sus progenitores deberán acudir a un juez, quien será el encargado de dictaminar sobre la posibilidad de interrupción del embarazo. Aunque primará la voluntad del menor siempre y cuando cumpla los requisitos legales, este supuesto, rechazado por el informe del Consejo Fiscal, dejará la ultima palabra en manos del juez encargado. El Gobierno de Mariano Rajoy espera poder aprobar con el apoyo de la mayoría absoluta del PP el proyecto de ley a principios del mes de julio. El trámite parlamentario se realizaría en otoño de este año, para poder entrar en vigor a finales del mismo. El Ejecutivo asume así la continuidad de la ley, con el informe del CGPJ y Consejo Fiscal, pero sin la decisión del Tribunal Constitucional, que tumbaría cualquier legislación en caso de inconstitucionalidad fuese aprobada o no.