CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno abre la puerta a liberalizar trenes y aeropuertos

Por Sergio Castilla4 min

España13-06-2014

Fomento ha protagonizado este viernes las dos medidas más relevantes aprobadas por el Consejo de Ministros. Se trata de la apertura del corredor ferroviario de Levante a un operador para que compita con Renfe en el AVE y la privatización del 49 por ciento del gestor aeroportuario Aena. Por una parte, el Ejecutivo rompe el histórico monopolio de Renfe en tráfico ferroviario de pasajeros e inicia la "progresiva" liberalización de este sector. Sobre el caso de Aena, el 28 por ciento se colocará en bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) y el 21 por ciento restante se licitará para un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.

Profundizando en la liberalización del tren de viajeros, el Ejecutivo ha acordado sacar a concurso la concesión de un 'título habilitante', una licencia que dará derecho a la empresa que se lo adjudique a prestar servicio ferroviario de viajeros en competencia con Renfe en la línea AVE a Levante. En virtud de este 'título habilitante', el nuevo operador ferroviario privado podrá prestar servicios en este corredor durante un periodo de siete años. España se anticipa al horizonte de 2019 fijado por la UE para abrir a la competencia Una vez concluya este plazo, esta línea AVE que une Madrid con capitales de Castilla-La Mancha, Valencia y Alicante, quedará "abierto a la plena competencia". Con esta decisión, el Gobierno pretende dotar al sector de mayor oferta de servicios, favorecer unos precios más competitivos, fomentar el uso del transporte en tren y optimizar el uso de las "excelentes infraestructuras ferroviarias". El Ejecutivo atribuye su decisión de optar por una liberalización progresiva a la necesidad de "ordenar la entrada de operadores privados y de "garantizar la continuidad de Renfe como operador público" y el "adecuado control por parte de la Administración de la calidad y la seguridad de los servicios". Además, Fomento busca articular un periodo transitorio para que todos los agentes del sector se adecúen al nuevo mercado. En cuanto a la privatización de Aena, de la que el Estado seguirá manteniendo el 51 por ciento, el Ejecutivo publicará el próximo mes de julio el nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario para comenzar a seleccionar a los inversores de referencia durante septiembre. De este modo, una vez que se registre el folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algo que se espera que ocurra en octubre, la sociedad fijará el precio máximo para los inversores cualificados y minoristas en noviembre, cuando se iniciará la cotización. Para ello, el Gobierno aprobará, cada cinco años, un marco regulatorio (DORA) que establecerá los niveles de calidad de servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio y de inversiones y el marco tarifario. El Gobierno espera que la nueva regulación y la transformación de Aena redunde en un control de los costes y en un incremento de la eficiencia que permita al sector aumentar su competitividad mediante un sistema tarifario que refuerce la posición de España en el sector turístico. En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el tratamiento y los títulos que corresponden a Don Juan Carlos y a Doña Sofía una vez que se haga efectiva la abdicación. Ambos mantendrán con carácter honorífico y de forma vitalicia el título de Reyes y recibirán el tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para los Príncipes de Asturias. En cuanto al orden protocolario, les corresponderá el inmediatamente posterior a los descendientes de Felipe VI. El Gobierno también ha regulado la autorización de medicamentos de terapia avanzada (curar con células) de fabricación no industrial que comprenden los de terapia génica, celular somática, los productos de ingeniería tisular y los fármacos combinados de terapia avanzada. Se trata de la norma que recoge los requisitos y garantías que deben cumplir para obtener la autorización de uso por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así como los requisitos de trazabilidad y farmacovigilancia una vez permitidos. En vistas al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), el Ejecutivo ha aprobado otras tres medidas. En primer lugar, Varias pruebas médicas, biométricas y analíticas, servirán a partir de ahora para identificar a los recién nacidos en los hospitales para evitar así los casos de niños robados. Además, según otro proyecto de ley aprobado este viernes, los nacimientos se podrán inscribir directamente en los hospitales y en lugar de desplazarse en los días siguientes al Registro Civil. Por último, Los ciudadanos podrán participar en las subastas judiciales desde su casa, sin tener que desplazarse a ningún juzgado, a través del portal electrónico del Boletín Oficial del Estado (BOE). En la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ofrecido declaraciones sobre diversos asuntos de actualidad como la sucesión o Cataluña. Sobre el aforamiento de Don Juan Carlos, todavía pendiente, la portavoz no ha aclarado cuándo ni cómo se regulará. En cuanto al actual debate sobre el modelo del Estado, muy presente a raíz de la abdicación del rey, ha recordado que los grupos "hicieron sus aportaciones sobre lo que entendían como un tiempo nuevo, segunda transición o reformas constitucionales" que "tenían poco que ver las unas con las otras", y cuyo debate "no es lo mismo que sobre el modelo territorial del Estado". Sobre Cataluña, tras la publicación al día anterior por la Generalitat de sus balanzas fiscales -que han cifrado en 15.006 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña con la administración central en el año 2011-, la vicepresidenta ha advertido que "no conviene hacer las cuentas que interesen para un mensaje político sino las que son". Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha manifestado este viernes que el Ejecutivo espera poder "entenderse" con la nueva dirección del PSC que surja tras el anuncio de dimisión de su primer secretario, Pere Navarro, sobre todo en lo que se refiere a "asuntos de Estado" como puede ser la organización territorial de España.