JUSTICIA

El PSOE recurre al Constitucional la reforma de la justicia universal

Por Sergio Castilla3 min

España12-06-2014

Algo que no ocurría en España "desde los tiempos de Franco", así es como ha calificado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, la reforma de la justicia universal que su partido ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) este jueves. Los socialistas consideran que esta ley tramitada de manera exprés -menos de un mes- y aprobada por el Congreso el pasado marzo -con la oposición de todos los grupos parlamentarios- "ahoga, estrangula y destroza" la aplicación de la justicia universal en España, según ha declarado la portavoz socialista a las puertas del Constitucional.

Son varias las razones por las que en el PSOE han considerado que esta reforma vulnera la Constitución. En primer lugar, afecta al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) al eliminar el derecho de las víctimas de estos graves delitos a un proceso en el que se investigue y se enjuicie a los criminalmente responsables de los mismo. Por otra parte, solicita al TC que analice si la reforma infringe el principio de interdicción de arbitrariedad (artículo 9.3) al tener como consecuencia una restricción de derechos "absolutamente injustificada y no motivada ni en la exposición de motivos de la original proposición de ley (incorporada luego como preámbulo de la ley), ni en los debates parlamentarios". Añade el PSOE que la disposición transitoria de la ley, al obligar sobreseimiento de todas las causas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, afecta al principio constitucional que atribuye a los juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional con exclusividad, "pues ese juicio de comprobación de los requisitos legales es una actuación netamente jurisdiccional que no puede ser suplantada por el legislador". También consideran vulnerado el derecho al ejercicio de la acción popular (artículo 125) y el cumplimento de convenios internacionales de los que España es parte. La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en España o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española. La propia portavoz socialista ha sido la encargada de entregar el recurso contra la reforma, de cuya aprobación en marzo ha dado el siguiente testimonio: "Le pregunté a un magistrado con muchos años de experiencia si alguna vez había visto que la publicación de una ley en el BOE un juez se veía obligado a sobreseer un procedimiento judicial y me contestó: No Soraya, no lo he visto desde que en este país gobernaba Franco", ha manifestado. Rodríguez ha declarado que la norma aprobada por el Gobierno del PP "atenta contra los principios que permiten perseguir los crímenes más terribles contra la humanidad y genera la impunidad de los criminales". Además, cree que "la jurisdicción universal aunque a veces no parece efectiva porque no se pueden realmente concluir los procesos abiertos, siempre es efectiva cuando existe, porque establece un principio de que no hay impunidad frente a estos graves crímenes". También se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el recurso va a prosperar porque tanto los jueces como las asociaciones de fiscales y de defensa de los Derechos Humanos han insistido en que la reforma "viola convenios internacionales firmados por el Estado español". La portavoz ha lamentado que España, que "ha estado a la cabeza en el mundo del principio de justicia universal", se queda ahora "a la cola", lo que también "deja a las víctimas españolas en una situación de indefensión". "El Partido Socialista, de las primeras leyes que derogará si llega al Gobierno es esta que ahoga, estrangula, destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país", ha concluido Rodríguez. La ley que limita la justicia universal fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, tras una tramitación que duró menos de un mes y que salió adelante con los únicos votos del Partido Popular. Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupción, delitos económicos y terrorismo en España, se han plantado recientemente contra la ley. Por el momento, la reforma ha provocado que más de 40 acusados de narcotráfico internacional hayan sido excarcelados por la Audiencia Nacional.