TERRORISMO

La Audiencia Nacional absuelve a 40 acusados de pertenecer a Segi

Por Sergio Castilla3 min

España11-06-2014

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 40 presuntos miembros de la rama juvenil de ETA, Segi, que se enfrentaban a penas de entre seis y 12 años de cárcel por integración en organización terrorista. La mayoría han estado entre uno y dos años en prisión preventiva. Los acusados actuaban bajo la cobertura de la plataforma denominada Gazte Independentistak, colectivo del que no consta que "dependiera de ETA ni que ésta diseñara su estrategia y actividades" y tampoco se ha acreditado que Segi la controlase.

Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel y que suscribe también Manuela Fernández de Prado, cuenta con el voto particular discrepante de Nicolás Poveda. El fiscal solicitaba para los 40 encausados, que fueron juzgados entre el pasado mes de octubre y febrero, penas de 9 años de prisión en el caso de los nueve presuntos dirigentes de la organización y de 7 años de cárcel para el resto en calidad de miembros. Por su parte Dignidad y Justicia, personada en la causa como acusación popular, pedía penas de entre 10 y 12 años. La sentencia menciona la existencia de una "total confusión" entre Segi y Gazte Independentistak e indica "que no basta con proponer que Segi utiliza a la plataforma juvenil para convertir a sus miembros en militantes de aquella". Añade que la plataforma juvenil "no se vinculó ni planificó ni promovió ni dirigió acciones de violencia callejera ni consta que configurara grupos para ejecutarla". El ponente Ramón Sáez Valcárcel ahonda en la composición y fines de Gazte Independentistak y sostiene que no consta que la plataforma "dependiera de ETA ni que esta definiera su estrategia y actividades". Señala que el movimiento juvenil en Euskadi y Navarra se articulaba a partir de los 'gaztetxes', "lugares ideológicamente plurales y con intereses diversos". Poveda, el magistrado que aportó un voto particular, consideró "legalmente obtenidas" las manifestaciones de los imputados al no haberse demostrado las torturas. También da por acreditada la pertenencia de los acusados a los movimientos juveniles y asegura que responde al "desdoblamiento en la actividad de los miembros de la rama juvenil de ETA". El caso fue instruido por el juez Fernando Grande Marlaska, que consideraba que los 40 detenidos estaban relacionados con Segi para tratar de "incrementar el número de militantes" para así afrontar las líneas marcadas por ETA de "endurecer el conflicto" mediante el vandalismo terrorista. Sin embargo, la instrucción del caso muestra algunas carencias, ya que los magistrados excluyeron las declaraciones de los acusados ante la policía cuando se encontraban incomunicados, al realizarse "en un contexto inquisitivo y secreto donde no pueden realizarse las garantías del proceso, una práctica contraria a sus principios sustanciales". La sentencia también considera que la declaración ante el juez fue "en idéntico régimen de incomunicación": "la declaración se celebraba de manera inmediata, en algunos casos pocas horas después, al interrogatorio policial. Asistía al detenido el abogado de oficio (...) el imputado no era acompañado ni aconsejado por letrado de confianza, ni había podido entrevistarse con el abogado de oficio. La sentencia alude también a las denuncias de tortura formuladas por los acusados, aunque indica que "no es objeto del juicio decidir si alguno de ellos fue sometido a torturas o tratos degradantes" durante el tiempo que permanecieron incomunicados antes de declarar ante el juez instructor Fernando Grande-Marlaska. No obstante, apunta que sólo las declaraciones sumariales que se hayan realizado "libre, voluntaria y espontáneamente pueden ser tenidas en cuenta para obtener elementos incriminatorios". Los acusados fueron detenidos en noviembre de 2009 tras el arresto el 11 de abril de ese año en una estación de tren de París del entonces número dos del aparato logístico de ETA, Ekaitz Sirvent. Al etarra se le incautó un documento titulado 'La organización de la revolución juvenil en Euskal Herria', en el que se analizaba la situación de la organización y se daban directrices a Segi. Considerada la cantera de ETA, Segi es la organización juvenil de la "izquierda abertzale", sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika y el Supremo la ilegalizó en 2007 por considerarla una organización terrorista.