PAÍS VASCO
La UE sanciona a España por las ‘vacaciones fiscales vascas’
Por Fernando García
2 min
España13-05-2014
La Justicia de la UE se ha pronunciado sobre las denominadas ‘vacaciones fiscales vascas’ con un resultado por debajo de lo esperado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone una sanción por haber recuperado con retraso las ayudas concedidas a las empresas que se instalasen en el País Vasco. El total de estas deducciones fiscales ascendía a 500 millones de euros, que han sido recuperados íntegramente, pero con una demora de 12 años, lo que llevó a la abogada general de TJUE ha pedir una cantidad de 50 millones de euros, que finalmente ha sido reducida a 30 millones.
La sentencia, que respalda una resolución de la UE de 2001 y fue ratificada en 2006, considera ilegales los incentivos fiscales que el Gobierno del lendakari José Antonio Ardanza concedió en el ejercicio 1993-1994. Mediante créditos fiscales que eran iguales al 45% de las inversiones mayores de 15 millones de euros, y reducciones en el Impuesto de Sociedades en los cuatro primeros años con saldo a favor, la comunidad autónoma del País Vasco primaba de forma desleal, a juicio de la Unión Europea, la implantación de empresas en su territorio. La cantidad de 30 millones no corresponde a una justificación calculada, sino que es un tanto alzado, como consecuencia del retraso injustificado en recuperar dichos importes. Desde que el Tribunal Europeo sentenciara en 2006 a dicha devolución, el Estado se retrasó cinco años, sin que pueda alegar ningún problema en la recaudación. Además, se da el caso de que esta no es la primera sentencia en contra de España con respecto a la competencia desleal, lo que lleva a la imposición de esta multa elevada a modo ejemplarizador. En la sentencia también se puede leer que "por otro lado, las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, razón por la cual habría debido privarse a éstos sin demora de la ventaja de la que habían disfrutado ilegalmente frente a sus competidores", y coincide con esta argumentación la alegada por las comunidades de La Rioja y Cantabria, que denunciaron estos estímulos al considerar que muchas empresas habían salido de su territorio para obtenerlas. Aunque el fallo condena al Estado español, el pago se hará efectivo por parte del las diputaciones vascas. A este respecto, Álava y Guipúzcoa han solicitado que el Gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco se haga cargo del 70% del importe, porque es el porcentaje que se queda del total de la recaudación. Se da la situación que ha sido un español, el comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, quien solicitó la devolución de la totalidad de las cantidades en 2011 a la comunidad autónoma vasca. Ya el pasado enero, la abogada general del Tribunal de Luxemburgo comunicó que habían transcurrido 2.500 días desde que se les ordenó reclamar la devolución de los impuestos. Se apunta a presiones de la patronal vasca Confebask, quien había solicitado que se dilatara las devoluciones con la esperanza de encontrar una salida positiva, la tardanza excesiva. Esta política fue apoyada tanto por el PNV como por el PP.