JUSTICIA

La reforma de la justicia universal deja libres a ocho narcos egipcios

Por Fernando García2 min

España08-04-2014

La escrupulosa aplicación de la ley de justicia universal ha dejado en libertad a una banda de narcotraficantes de nacionalidad egipcia. La Audiencia Nacional, amparada en que con la reforma realizada por el Partido Popular España carece de las competencias jurídicas para juzgar a los acusados, ha archivado la causa y ordenado la inmediata puesta en libertad sin cargos a los acusados, ante la oposición de la Fiscalía anti narcotráfico que no comparte los argumentos del juez Fernando Andreu. El magistrado considera que la intervención de la Justicia española en contra de los detenidos habría sido contraria a la interpretación que el nuevo texto reformado hace del derecho internacional

Los ocho acusados naturales de Egipto y que no residen dentro del territorio español fueron arrestados por una patrulla naval española en aguas del mar de Alborán. El barco interceptado tras un aviso de las autoridades francesas, no era de nacionalidad española ni se dirigía a ningún puerto español, se encontraba a 60 millas de la costa española y a 30 millas de la argelina, en aguas de jurisdicción internacional. En el momento de ser interceptado, las autoridades españolas decomisaron 10 toneladas de hachís. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional Española, el juez Fernando Andreu, ha considerado que con la nueva interpretación de la ley que hace la polémica reforma del PP, no se puede enjuiciar un caso en el que los encausados no tengan la nacionalidad española ni se encuentren en territorio bajo la jurisdicción nacional. El archivo de la causa no cierra definitivamente el caso, sino que queda archivada hasta que se compruebe si cumple los requisitos de la reforma, lo que en la práctica significa la puesta en libertad sin cargos de todos los acusados y el sobreseimiento del caso. El auto supone un nuevo golpe contra las causas similares que aún siguen abiertas en la Audiencia Nacional. Tras la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada el pasado 15 de marzo, varios han sido los magistrados que han decidido continuar con sus causas internacionales abiertas. El pasado 17 de marzo el juez Pedraz decidió proseguir con el caso que investiga el fallecimiento del periodista de Telecinco José Couso, quien falleció debido al impacto de un proyectil estadounidense en Bagdad en abril del 2003. La sentencia del juez Andreu deja en el aire otras causas como la del fallecimiento del jesuita español Ignacio Ellacuría, o la reciente sentencia que consideraba culpable de crímenes contra la humanidad por el genocidio en el Tíbet al ex presidente de la República Popular China. Dicha sentencia causó el malestar del Gobierno chino, quien presionó para que España se retractase. La presión del gigante asiático provocó que el Gobierno de Mariano Rajoy llevase a cabo una reforma del la ley para impedir futuros conflictos internacionales, como ya ocurriese en el pasado cuando el juez Baltasar Garzón acusó de crímenes contra la humanidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet.