CANAL DE PANAMÁ
La falta de liquidez prolonga el atasco en la vía interoceánica
Por Selene Pisabarro
2 min
Internacional14-02-2014
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) decidió ampliarlo con un presupuesto de 3.118 millones de dólares en julio del 2009, cuando le adjudicó el proyecto al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo –que poseen el 48 por ciento de la sociedad-, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA). Sin embargo, apenas nueve meses después, en marzo de 2010 se descubren varias fallas geológicas que no se habían incluido previamente en los estudios sobre el terreno y que provocaron gastos inesperados.
El 30 de diciembre de 2013, la concesionaria advierte a la Autoridad del Canal la paralización de las obras debido a la falta de solvencia. Además, le exige la cantidad de 1.600 millones de dólares por los gastos imprevistos en el proyecto. Sacyr anuncia que si no se solucionan esos problemas antes del día 20 de enero, se suspenderán los trabajos en la obra. La ACP intuyó la poca solvencia del GUPC en junio, pero prefirió que avanzaran con las obras para tener realizado lo máximo posible. Cuando, al fin, llegó esa situación, la ACP tenía dos principales preocupaciones: que la aseguradora comprobase el cumplimiento del contrato por parte del ente público panameño y que se entregaran 16 compuertas esenciales para el tercer juego de esclusas en construcción –de las cuales, cuatro se encuentran ya en Panamá-. Las constructoras europeas reclaman ante la Comisión Europea mediar en el conflicto, para lo que el vicepresidente del órgano y comisario europeo, Antonio Tajani, decidió tomar parte en el asunto y ponerse en contacto con los Gobiernos afectados –el de Bélgica, España e Italia- y las autoridades panameñas. Estados Unidos también ha querido intervenir a favor de Panamá pero llamando al diálogo para que concluyan las obras de ampliación ya a que el país liderado por Barack Obama es el principal usuario del canal. Por ejemplo, los puertos de Houston, Luisiana o Miami han invertido más que las autoridades panameñas. Uno de los problemas en los que ACP ha incidido es que dispone de 1.500 millones de dólares que son necesarios para finalizar el proyecto pero que, en cambio, son los que exige el GUPC en concepto de sobrecostes. Finalmente, tras varias negociaciones, la empresa afirmó este miércoles que continuará con el proyecto unas horas antes de que expirara el plazo aunque no han llegado a un acuerdo formal. La aseguradora Zurich juega un papel fundamental y debe ratificar el preacuerdo antes del martes. Prestará al consorcio la fianza de 290 millones de euros y un pago de 73 millones de euros que debe desembolsar cada una de las partes para que haya liquidez en las obras. Además, la ACP ha aceptado una prórroga de tres años –hasta diciembre de 2018- la devolución de 580 millones de euros que fueron anticipados al consorcio durante los últimos años para solventar las anteriores situaciones de insolvencia.