CASO LASA Y ZABALA
El Constitucional revisa las condenas de los imputados por el caso Lasa y Zabala
Por Noelia Hernández Martín
1 min
España19-06-2002
Los cinco miembros del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) condenados por el secuestro y el asesinato en 1983 de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, han presentado recursos a sus respectivas condenas. Los imputados son el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo; el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; y los ex guardias Ángel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal.
Los cinco recurrentes fueron condenados en abril de 2000 por la Audiencia Nacional, posteriormente, el Tribunal Supremo agravó sus condenas al considerar que se aprovecharon de sus cargos públicos. Sin embargo, contradiciendo las decisiones de la Audiencia y del Supremo, el Tribunal Constitucional aceptó el pasado mes de mayo, analizar los recursos de los cinco condenados. En un principio, el Constitucional sólo admitió un recurso de los presentados por los condenados. Ese recurso demanda que no se consideren válidas las declaraciones del guardia civil Felipe Bayo Leal ya que las hizo cuando el caso estaba bajo secreto (sin que los abogados pudieran estar en ella) y después se retractó en el juicio. Hay que tener en cuenta que las condenas fueron impuestas por las declaraciones inculpatorias de Bayo, por lo que si se aceptara este recurso, se anularían las condenas. Ante este supuesto, el caso volvería de nuevo a la Audiencia Nacional para que dictase sentencia sin tener en cuenta las declaraciones de Bayo. Por este motivo, el Pleno del Tribunal Constitucional celebró el pasado día 19, la vista pública de los recursos de amparo presentados por los inculpados. Esto ha causado una lluvia de críticas entre los familiares de Lasa y Zabala y la Asociación contra la tortura, que han demandado la denegación del amparo, ya que estiman suficientemente probados los delitos atribuidos a los condenados. Si el Constitucional se pronunciara a favor de los recursos, echaría por tierra dos sentencias: la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo. Lo que dejaría abierta la puerta a un nuevo enfrentamiento entre el Constitucional y el Supremo.