INFANCIA
Las Comunidades Autónomas muestran diferencias al tratar los abusos sexuales
Por Fernando Cancio Martínez
3 min
Sociedad17-06-2002
La ONG Save the Children ha hecho un estudio para ver qué profesionales intervienen en la detección, investigación y juicio oral en los casos de abusos sexuales a menores en las distintas comunidades autónomas españolas. De ellos dependen que se detecte el delito y se haga justicia con los menores.
En la labor de detección de abusos sexuales, intervienen varias personas entre las que destacan los Cuerpos de Seguridad del Estado, los médicos de centros de salud y hospitales y los profesores. Estos últimos son los que llegan a tener un mayor contacto con los niños en un primer momento y pueden descubrir marcas que demuestren que un niño ha sido maltratado. Las diferencias entre cada comunidad autónoma son, en su mayoría, de coordinación entre los distintos profesionales, aunque también hay diferencias en el modo de tratar a la víctima. En todas las Comunidades hay cuatro vías que inician el proceso: la policía, los centros de atención primaria, los Servicios Sociales o una denuncia en el Juzgado de Guardia, que es lo más frecuente. En Barcelona se redactó en 1999 un protocolo para actuar en caso de abusos sexuales. Según cómo se inicie el proceso se seguirá un camino u otro para distinguir si es un simple indicio o un abuso. En este último caso, el niño será ingresado en un centro de acogida y se presentará una denuncia en el Juzgado de Guardia. Después se llevará al menor a un hospital de la Generalitat, donde el médico forense y el médico de urgencias le examinarán. Pasado uno o dos años, tendrá lugar el juicio oral. En las Islas Baleares las denuncias llegan a la Fiscalía de menores a través de la policía, hospitales o particulares. Si los abusos tienen lugar durante separaciones matrimoniales, estos casos se archivan o se envían al Juzgado de Guardia. En la Fiscalía se cita al niño y a los padres y se pretende que la única declaración que realice el menor sea a un psicólogo de la clínica médico-forense para evitar entrevistas previas con la policía. Algo que se considera importante es llevar a cabo medidas cautelares como la suspensión de visitas o la prohibición de residencia en el domicilio familiar. La Fiscalía prepara al niño para el juicio oral cuando este es menor de once años y a la hora de solicitar la pena se hace un análisis de los daños y secuelas producidos al menor. En Madrid se detecta que hay abusos por medio de la policía o de la atención primaria. Si se descubre indicio de maltrato en la atención primaria, el niño será enviado al hospital, donde si es necesario será protegido ingresándole y notificándolo a un juez y al fiscal. Cuando la policía es quien detecta el abuso, se manda el caso al Centro de Atención a la Infancia (CAI) o al Centro de Atención a las Víctimas de Abusos Sexuales (CAVAS), donde se llevará a cabo la evaluación, el diagnóstico y el informe pericial. Si un caso requiere valoración va a la Comisión de Tutela. Algeciras, Sevilla o Vitoria son otras zonas que aparecen en el estudio de la organización Save the Children y también muestran diferencias en cuanto a la manera de enfrentarse a un abuso infantil.