Caso Nóos
El juez embarga los bienes de Urdangarin
Por Carlos Martínez de Leyva3 min
España05-11-2013
El juez de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha embargado las propiedades de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 6.114.788,17 euros que les fue impuesta para afrontar su responsabilidad en caso de condena. Esta decisión del juez no afectaría a la hipotética venta del palacete, que los duques pusieron en el mercado por casi 10 millones de euros, pero esta particularidad del embargo quedará anotada y registrada para que los futuros compradores la tengan en cuenta, ya que el juzgado tiene prioridad a la hora de cobrar si la transacción se realiza.
El pasado mayo, la Audiencia Provincial de Palma rebajó a 6,1 millones de euros la fianza inicial de 8.189.448,44 euros que el magistrado fijó para Urdangarin y Torres, al que tenía que rebajar el porcentaje del IVA. Esos más de 6 millones de euros de fianza son el fruto de sumar el dinero ingresado por Urdangarin y Torres con los seis convenios que Nóos suscribió con las administraciones valencianas y balear entre 2004 y 2007, los Valencia Summits, Balears Forum y Juegos Europeos. El juez y Anticorrupción consideran ilegales todos esos contratos por haberse saltado las normas de contratación, y por tanto todo ese dinero debe ser devuelto en su totalidad al Estado, más un tercio de penalización. Entre las 16 propiedades embargadas está la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, cuya otra mitad corresponde a la infanta Cristina. Además, los duques de Palma se quedan, por el momento, sin el 50% de otras ocho propiedades que estaban a nombre de la sociedad Aizoon, la empresa fantasma, supuestamente usada por Urdangarin para defraudar y desviar dinero público. Así, el juez enajena la mitad de dos pisos de Terrasa, otras dos viviendas en Palma y dos garajes y dos trasteros en la capital balear. El resto de la propiedades embargadas corresponden a empresas de Diego Torres y su familia. Se trata de una vivienda en San Cugat del Vallés a nombre de Torres, su esposa, Ana María Tejeiro, y otros inmuebles en Mataró, Mahón y Palma, que pertenecen a empresas de Torres. Para el juez Castro ya ha "transcurrido con notorio exceso el plazo concedido sin que se haya presentado la fianza exigida". El plazo concluyó el día 7 de febrero de 2013. Al no haber presentado la fianza se inició el proceso de "apremio" que inicia los trámites para proceder al embargo. Los bienes afectados son las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad comparten al 50 por ciento Urdangarin y la Infanta Cristina. Urgangarín y Torres recurrieron el auto que decretó la fianza. El Duque denunció haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Un recurso de reforma en el que, considera que, en el caso de que sea firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad. A su vez en el auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".