Zapatero deja la ilegalización de Batasuna en manos del Gobierno

Por Mª Jesús Torres1 min

España13-06-2002

En los últimos meses, PP y PSOE han conseguido llegar a un acuerdo en todos aquellos puntos del proyecto de Ley de Partidos Políticos en los que divergían hasta alcanzar un consenso que permitió que la ley fuera aprobada en el Congreso con el apoyo del 95 por ciento de la Cámara. En todos, excepto en uno: quién debe instar y ante qué órgano la ilegalización de un partido político. Parece que la solución ha llegado de Zapatero, que ha cedido ante el Gobierno y ha manifestado que debe ser el Ejecutivo el que inicie el proceso.

La primera redacción del proyecto de Ley establecía que el Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Ministerio Fiscal podían instar ante el Tribunal Supremo la suspensión de Batasuna. Los socialistas querían darle más peso al Poder Judicial y pretendían que fuera el fiscal general del Estado el que emprendiera la ilegalización. El conflicto se resolvió llegando a una fórmula por la que los parlamentarios podían demandar al Ejecutivo la ilegalización y el Gobierno debía tramitarla. Las dudas sobre la solución del Ejecutivo se mantuvieron hasta la semana pasada, cuando el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó que, siendo el Ministerio del Interior el que tiene los datos para demostrar las conexiones entre ETA y Batasuna, debe ser el Ejecutivo el que active el proceso de ilegalización. Esto debe hacerlo, dijo Zapatero, "una vez que Batasuna siga con su discurso", cuando la reforma legislativa entre en vigor. El Gobierno contará, pues, "con el apoyo del PSOE". El secretario general del PP, Javier Arenas, vio en las declaraciones de Zapatero una "ambigüedad calculada" para no comprometerse con nada. Piensa que el PSOE va a dejar solo al Gobierno en la aplicación de la ley contra Batasuna. Si tras el verano el Gobierno considera que tiene motivos suficientes para promover la ilegalización de la coalición abertzale, obligará al PSOE a "retratarse" y a cumplir su acuerdo con el Gobierno. Todo parece indicar que este verano Gobierno y PSOE estarán muy atentos a los movimientos de Batasuna. Los dos firmantes del Pacto Antiterrorista confían en que la coalición cometa algún error que vulnere la nueva ley y así podrían emprender el proceso contra ella el próximo mes de septiembre.