Caso Nóos

La fiscalía no imputará de nuevo a la Infanta Cristina

Por Adriana Robledo1 min

España11-10-2013

El pasado mes de abril el juez Castro encargado del 'Caso Noós' imputaba a la Infanta Cristina. Días más tarde la Fiscalía emitía un recurso para que la hija del rey no fuese imputada. Durante esta semana se conoció que la infanta había utilizado la tarjeta de Aizoon, la empresa creada con su marido Iñaki Urdangarín y que también se está investigando, para pagar actividades culturales, flores comidas en restaurantes de renombre, ropa para sus hijos en tiendas de lujo y descargas telefónicas.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha declarado que "hasta este momento no existe ningún elemento en la causa que permita ir hacia la imputación" de nuevo de la Infanta Cristina. Torres-Dulce ha añadido que si no se “someten” nuevos datos “la postura de la Fiscalía es terminante a este respecto”. El fiscal general ha comentado antes de entregar la última memoria formal de la fiscalía al presidente del Senado, Pío García-Escudero, que la imputación de la Infanta dependerá del juez instructor. Cuando la adopte, “si es que la adopta”, será Anticorrupción “tomará la decisión correspondiente”. Torres-Dulce aclaró que por su puesto de fiscal general le corresponde apoyar o discrepar en la decisión de Anticorrupción de desarrollarse dicha imputación. "Pero primero se tiene que producir la decisión del juez y el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, y hasta entonces no vamos a anticipar ningún criterio al respecto", ha remarcado. Además Castro ha autorizado a la Agencia Tributaria (AEAT) a pedir a tres entidades bancarias información sobre movimientos registrados en las cuentas de Aizoon en la que presuntamente la Infanta utilizó el dinero para beneficios personales. También ha recurrido a la policía para, con ambas instituciones, determinar si existió un delito fiscal o de blanqueo de capitales. El juez se ha basado en la actividad de 2006 de la empresa, uno en el que más movimientos hubo. En ese año las empresas investigadas recibieron fondos procedentes del Gobierno balear y el valenciano dirigidos por Matas y Camps respectivamente. La cantidad de cada uno de estos gobiernos constituyeron un total de 150.000 euros proporcionados en dos transferencias bancarias de 125.000 y 25.000 euros cada una.