LEY DE TRANSPARENCIA

La CEOE rechaza publicar los sueldos de sus dirigentes

Por Vera Cid2 min

Economía06-06-2012

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.

También UGT y CCOO han avisado en el Congreso que no están de acuerdo con que esta norma incluyera la obligación de dar información sobre ámbitos privados de sus organizaciones. Estas organizaciones han dado su punto de vista sobre esta ley en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ahora se encuentra en fase de debate la ley y en la que están compareciendo distintos expertos. Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos. Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Asimismo, ha comentado que son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas". Ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas". Además, no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente". En este punto, ha avisado de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus organizaciones, ni informará de sus ingresos. Por su parte, el Gobierno está intentando consensuar con el mayor número de grupos parlamentarios esta norma y se han pactado algunos cambios en sus primeros pasos por las Cortes Generales. Entre las últimas novedades, está la de que será un consejo independiente, y no una agencia estatal, quien velará por el cumplimiento de la norma. En cuanto a los secretarios de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, y de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, han apoyado la ley, pero han considerado que no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para "limitar el derecho de libertad sindical" o atentar contra su "autonomía organizativa". Aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas.