CASO ERE ANDALUCÍA
La juez envía a prisión a un directivo y a un intermediario
Por Vera Cid
2 min
España22-03-2012
La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha enviado a prisión al exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín y al intermediario, Juan Lanzas. El abogado de este último ha dicho que puede explicar los 82.000 euros que la Guardia Civil encontró bajo la cama de sus padres. Ponce quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar.
El caso de los ERE de Andalucía sigue su curso. Con Albarracín y Lanzas, que recibieron el auto de prisión a las 06.45 horas, se elevan actualmente a cuatro las personas encarceladas en la nueva rama centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras de los ERE, un caso que acumula ya 60 imputados. Ambos se unen así a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que ingresó en prisión el día anterior, y a Juan Francisco Algarín, encarcelado en enero como testaferro de varias empresas empleadas para introducir en el circuito financiero las comisiones que cobraban. La juez Alaya le atribuye a Albarracín y su esposa haber percibido presuntamente unos 3,7 millones de euros en comisiones derivadas de las pólizas financiadas con fondos públicos. La instructora cree que el matrimonio pudo lucrarse con las “elevadas sobrecomisiones” que esta mediadora recibió por su participación en los distintos procesos de reestructuración de empresas en crisis y prejubilaciones financiadas por la Junta. Ese dinero podría haber pasado a manos del matrimonio a través de una sociedad. La empesa se llama Permar 21, de la que ambos son administradores solidarios y que, como detalle significativo, “carece de empleados”. La juez ha enviado a Albarracín a la cárcel de Morón de la Frontera. Por el contrario, la magistrada decidió dejar en libertad al ex subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce Verdugo, después de que se acogiese a su derecho de no declarar. Se le ha retirado el DNI y el pasaporte. La Fiscalía Anticorrupción tampoco solicitó la medida de prisión provisional para Ponce, porque solo existen las declaraciones incriminatorias del "testaferro" Juan Francisco Algarín. Este afirmó que Ponce le habría entregado dinero en sobres que trasladó entre la sede de esta empresa hasta una cafetería próxima a la delegación provincial de la Consejería de Empleo. La juez cree que Albarracín realizó entregas a varios destinatarios en Sevilla, entre los que figura el propio ex director general de Trabajo Javier Guerrero, “con dinero previamente transferido desde Barcelona” por parte de la responsable de contabilidad del holding Vitalia, de ahí que buena parte de las 22 detenciones practicadas en la operación.