País Vasco
El Ejecutivo Vasco llevará al TC los Presupuestos Generales
Por Diego Ruiz1 min
España19-03-2013
El Consejo de Gobierno del País Vasco ha aprobado esta mañana un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por los Presupuestos Generales del Estado del 2013, ya que vulneran las competencias autonómicas en temas relacionados con los fondos de pensiones y las ayudas a la dependencia.
Por estar razones, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu asegura que estos mismos puntos que vulneran lo constitucional, se produjeron de igual forma en los Presupuestos Generales de 2012, por lo que también serán recurridas ante el TC. Al haber terminado el periodo de negociaciones del pasado gobierno socialista de Patxi López, por entender que se vulneraban las competencias, sin ningún resultado, el Gobierno del PNV ha decidido llevar al Constitucional ambas cuentas, tanto las de 2012 como las de 2013. Asimismo, las cuentas de 2013 no se someterán a los seis meses de negociación, ya que según el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, al ser vulneraciones “idénticas” a las de 2012, “no cabía esperar que pudiera fructificar un acuerdo”, al no haber ninguna modificación por ambas partes. Por su parte, Erkoreka añadió que “es una discrepancia meramente competencial”, que no tiene relación con cómo ha decidido el Gobierno de Rajoy distribuir el gasto. El portavoz de PNV subrayó que estos presupuestos violan la capacidad autonómica de organizar su política retributiva al “negar las retribuciones diferidas a los funcionarios con aportaciones a los fondos de pensiones”. Es por esto, que Erkoreka califica de “intromisión” el que no se permita reponer las plantillas públicas, y que además, el Servicio Vasco de Empleo este incapacitado para gestionar la ayuda de 400 euros para los desempleados sin prestaciones. La suspensión de la financiación de la dependencia será recurrida también. Ya en último lugar, el Gobierno Vasco presentará un recurso contra una resolución del Ministerio de Educación que hizo en noviembre, en la cual se excluye a los estudiantes de Formación Profesional de las becas Erasmus. El Ejecutivo de Urkullu declara que con esta norma se “discrimina” a los centros de FP, frente a los demás “sin justificación ni motivación jurídica alguna”.