POLÍTICA

Hacienda pide un plan para vigilar a los políticos

Por Vera Cid2 min

España14-03-2013

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido a la Agencia Tributaria que lleve a cabo un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y en todos los partidos. Así se explica en un documento presentado por el presidente de la IHE, Ransés Pérez Boga, y el expresidente José María Peláez.

En concreto se ha solicitado que se trate de un plan de carácter permanente y que se incluya, por tanto, cada año en el Plan de Control Tributario. El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, lo explica todo en un documento que incorpora las propuestas del colectivo en materia de lucha contra el fraude. También piden que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones, como es la declaración de bienes y rentas que han de presentar los diputados en el Congreso. El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción o tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de bienes patrimoniales son otras de las propuestas. Desde el Ministerio de Hacienda se rechaza la posibilidad de establecer una línea especial de inspección para este colectivo en particular porque, a su juicio, no está justificado. Para atajar la corrupción, los inspectores también demandan potenciar la Fiscalía Anticorrupción, aumentando el número de funcionarios de la Agencia Tributaria que auxilien a este órgano, así como aprobar una ley anticorrupción que supervise y controle todos los casos y que tenga facultades legales y medios necesarios. En este sentido, Pérez Boga denunció que el Gobierno no hace caso a estas propuestas y que en la última modificación del Código Penal que entró en vigor en enero, ha mantenido la "excusa absolutoria" en el caso de los imputados por delito fiscal (fraude superior a 120.000 euros), de tal forma que su delito queda rebajado cuando en el plazo de dos meses desde su imputación saldan sus deudas con Hacienda. Pérez Boga quiere que se le de importancia a su petición, pues, según explica, "en momentos como el actual, en el que los ciudadanos consideran que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, se hace más necesario que nunca este nuevo plan".