DEFENSOR DEL PUEBLO

Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 36%

Por Ana Pascual Ases2 min

Sociedad27-02-2013

Han sido varias materias las que se han tratado en el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, pero los comentarios sobre los desahucios, ‘preferentes’ y sanidad han tenido especial relevancia. El informe se ha entregado al presidente del Congreso, Jesús Posada, con un total de 33.478 reclamaciones, siendo la mayoría de ellas quejas relacionadas con las dificultades económicas, “las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado”, así ha declarado Soledad Becerril.

En 2012 se han tramitado un total de 280.592 expedientes, de los cuales el 91.5% corresponden a las áreas de empleo, educación y cultura, el 2.6% se refieren a cuestiones de sanidad y política social; el .2.5% a seguridad y justicia; el 1,8% a economía y hacienda; y el 0.8% y 0,6% a medio ambiente y urbanismo y temas de igualdad de trato respectivamente. Un informe que ha venido marcado por la crisis económica debida a la disminución de ingresos de los ciudadanos. Durante 2012 el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo 193 recomendaciones y 200 sugerencias. Soledad Becerril ha manifestado que las familias españolas tienen dificultades a la hora de afrontar los gastos debido al incremento del paro, por ello, ha pedido tanto al PP como al PSOE que se pongan de acuerdo para poder acabar con los desahucios, de esta manera ha señalado que “se nos ha hecho caso en la paralización de los desahucios, pero es insuficiente. La situación es muy grave y no podemos callaros. Esa ley hay que cambiarla muy sustancialmente, lo que obliga a modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se puede dejar a miles de personas desposeídas de todo”. También ha recordado que las cajas de ahorros se han comportado de una manera “absolutamente censurable” por el hecho de vender ‘preferentes’ a sus clientes sin explicar el riesgo y efectos que conllevaban. La venta de las ‘preferentes’ ha llevado a muchos cuidadnos a tener que ser desahuciados, hecho que ha provocado una gran repercusión en el resto de la sociedad ligada a una desconfianza total en las instituciones públicas. Muchas de las críticas que ha hecho la ciudadanía hacen referencia a la insuficiente transparencia de las entidades financieras. Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se adopten nuevas medidas que permitan y aseguren un “acceso efectivo” para los inmigrantes irregulares con enfermedades graves, según Soledad Becerril se deben dictar “instrucciones precisas para la adecuada atención” de los inmigrantes. La institución ha solicitado una reforma legal para que personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y los pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no tengan que pagar el copago farmacéutico. La dirigente de la institución ha mostrado directa preocupación hacia la desconfianza y desafecto por parte de la sociedad hacia los partidos políticos e instituciones, se ha dirigido hacia la juventud española manifestando que “veo la necesidad de que todas las instituciones rectifiquemos el rumbo. Tenemos que cambiar, para estar más cerca de la sociedad; ser más austeros; dar cuenta de nuestros actos, actuar con transparencia; apartar a todo el que actúa mal, imputado o no. No podemos dilapidar lo conseguido en los últimos 35 años. Los jóvenes no lo deben permitir”.