Justicia

Jueces y fiscales, en huelga contra las medidas de Gallardón

Por Irene Hernández1 min

España20-02-2013

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reclaman un incremento de la inversión y de la plantilla en los tribunales. Además, piden un aumento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, y derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas. Por esto, durante el miércoles 20 de febrero esto profesionales están llamados a la huelga. Frente a esto, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, ha apostado por el "diálogo y la negociación".

Los jueces y los fiscales están llamados a participar este miércoles en una huelga para protestar contra la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima" situación de medios personales y materiales que esta soportando la Administración de Justicia. Además piden que se paralice la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio. Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Gallardón reivindicando más inversión en Justicia, la paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ, que resta poderes a las asociaciones y al órgano de los jueces en sí, y que consideran un ataque a la independencia judicial; la derogación de la ley de “eficiencia presupuestaria”, que aumenta la carga de trabajo de los jueces titulares y supone la práctica eliminación de los 1.000 interinos; la derogación o modificación de la Ley de Tasas; y la modificación de la ley del indulto. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas. Los funcionarios de Justicia también están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a sus centros de trabajo en una acción convocada por los sindicatos CSIF, CC.OO., STAJ y UGT para clamar contra "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.