CATALUÑA

La Generalitat podrá internar a los ¬niños de la calle¬ de alto riesgo

Por Elena R. Benito2 min

Sociedad17-05-2002

Por las calles de Barcelona y sus alrededores deambulan diariamente unos 300 niños sin hogar. Son los llamados niños de la calle, que sobreviven gracias a pequeños hurtos y a los trabajos que les ofrecen, muchas veces mafias organizadas. Para solventar esta situación, que además de poner en peligro a los menores crea una gran inseguridad ciudadana, la Generalitat ha aprobado modificar la Ley de Protección de Menores de 1991. Ahora, estos chicos pueden ser ingresados por la fuerza en centros para menores.

Este ingreso forzoso será durante un tiempo máximo de un mes, prorrogable por la fiscalía. Según la nueva ley, sólo se aplicará en casos en los que no se puedan utilizar otras medidas menos contundentes. Esto sucede a menudo, ya que hasta ahora para estos menores, muchos de ellos considerados de alto riesgo social, sólo se preveían procesos voluntarios de reeducación a los que frecuentemente se niegan. Para cumplir con la nueva normativa, se deben acondicionar lugares para ingresar a estos menores. El consejero de Justicia catalán Josep Delfí Guàrdia, apuntó que se podrán utilizar centros que hasta el momento están destinados a niños de corta edad, ya que cada vez hay menos bebés acogidos: han disminuido los abandonos y aumentan las adopciones. Algunas plazas de estos centros podían ser transformadas para acoger a los adolescentes, en un régimen de salidas restringidas. En los casos en los que los menores continúen presentando conductas antisociales o incumplan las normas internas de los centros, la Generalitat tendrá la facultad de imponer sanciones disciplinarias. El Departamento de Justicia asumirá de forma automática las funciones tutelares sobre estos menores e incluso se reserva la posibilidad de pedir al juez que suspenda la potestad de los padres cuando estos provoquen una situación de “desamparo”. La oposición, a pesar de haber votado a favor de la enmienda, teme que esta medida pueda convertir a los centros de acogida en cárceles para menores. Piden que el ingreso forzoso se lleve a cabo sólo en los casos en los que no exista otra salida y que se haga con fines de reeducación, y no de castigo. Para ello, considera indispensable un aumento de los fondos económicos y de los profesionales al cuidado de los menores. El Departamento de Justicia ya estableció, con vistas a esta nueva legislación, un aumento de un 32 por ciento en la partida dedicada a menores, cantidad que la oposición continúa considerando insuficiente.