CATALUÑA

Posible recurso de la declaración soberanista catalana

Por Vera Cid2 min

España08-02-2012

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación del Gobierno para solicitar al Consejo de Estado el informe previo preceptivo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración soberanista aprobada en el Parlament, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano".

La vicepresidenta ha explicado que el informe encargado por el Gobierno a la Abogacía del Estado concluye que dicha declaración en la que el Parlament apela a la soberanía de Cataluña vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española. Ha indicado, además, que la Abogacía del Estado ha fundamentado que la declaración catalana sí que es recurrible ante el Tribunal Constitucional dado que, a diferencia del plan IbarretxE (que era un "mero trámite"), la decisión del Parlament es una "resolución" que supone la apertura de un proceso más amplio. Según explicó Sáenz de Santamaría, para recurrir una decisión de esa naturaleza es necesario que sea una resolución de "contenido inconstitucional y que sea impugnable". También precisó que la Abogacía del Estado concluye en su informe que "reconocer la soberanía del pueblo catalán, y su derecho a decidir sobre su futuro por ser sujeto político, vulnera distintos artículos de la Constitución". El informe de la Abogacía del Estado que ha trasladado hoy el ministro de Justicia al Consejo de Ministros, explica que entre los artículos de la Carta Magna que vulnera la decisión catalana está el 1.2 donde se precisa que la titularidad de la soberanía nacional reside en el pueblo español y es todo el pueblo español el titular de esa soberanía y de sus poderes. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, recuerda al Gobierno que "todos los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su máximo autogobierno y su futuro colectivo", después de que la Abogacía del Estado apoye recurrir la declaración. Ademas, ha añadido que contra este derecho "no hay normas ni leyes ni constituciones ni interpretaciones posibles". Según el presidente, se trata de "un tema de voluntad de la gente y de derechos, unos derechos que todo el mundo tendría que proteger".