Tribunales

Las denuncias contra Gordillo quedan archivadas

Por Diego Ruiz3 min

España07-02-2013

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado por zanjado las denuncias contra el parlamentario de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), archivando las dos causas por las que se le acusaba. Estas denuncias se produjeron a raíz de su actuación como piquete durante la huelga general del 29 de marzo del 2012.

Por su parte, el Alto Tribunal andaluz ha publicado dos autos determinando que casos se han archivado. Concretamente Gordillo fue denunciado ante el Tribunal pos sus actuaciones como piquete en un instituto de secundario de El Rubio (Sevilla), además de sus actos en un supermercado, una oficina de la Diputación de Sevilla, una oficina de empleo, una finca y una tienda de Estepa, también en Sevilla. En concreto, fue el 29 de marzo del año pasado, cuando el parlamentario de Izquierda Unida encabezó un grupo de piquetes que recorrió varios establecimientos del municipio de Estepa, donde se juntó con otro grupo liderado por Antonio P.C. Ambos grupos protestaban en contra de los “privilegios” políticos en tiempos de crisis, eso sí, siempre acompañados por la Guardia Civil, durante todo el recorrido, para “prevenir eventuales incidentes”. Cuando ambos grupos entraron en la oficina del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación, Gordillo indicó al responsable de esta que “no abandonaría la oficina mientras no la cerrase”. Tras ello, se dirigieron a un comercio de confección manifestando que “iban a comprar, aunque se les había olvidado el dinero”, añadiendo que “detrás venía más gente”, a lo que los responsables de local, avisando a la Guardia Civil de su miedo, terminaron por cerrar el establecimiento. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), “no es constitutivo de infracción penal afear la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física, con la finalidad de provocar que los responsables tomen la decisión de cerrar el establecimiento, a menos que, manifestada por estos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante amenazas verosímiles”. El auto también añade que los “incidentes” que se han denunciado, “sólo se advierte la existencia de conversaciones, acompañadas de la presión ambiental típica de un piquete de huelga”. En el caso del supermercado, el TSJA tiene “más dudas”. Aun así, el Tribunal Superior andaluz ha concluido que Gordillo “quiso forzar la decisión” del responsable de mantener cerrado el local, “advirtiéndole de manera creíble y verosímil de que, de no hacerlo, en los días siguientes acudirían y causarían desórdenes”. Asimismo, el TSJA ha asegurado que esas “advertencias” son amenazas de la producción de daños con cierta significación económica, la cual roza “el límite de lo admisible” en el contexto d un piquete en huelga. Por ello, esta conducta, según el TSJA, “podría constituir toso lo más una falta de amenazas, pero no un delito”, ya que una amenaza no produce ninguna incidencia para un establecimiento con un gran “volumen de negocio”. Estos son los argumentos, por los que el Tribunal Superior andaluz ha decidido archivar las denuncias contra Gordillo, aunque en el caso del supermercado, el TSJA ha devuelto la causa al Juzgado de Estepa para analizar en profundidad si el alcalde de Marinaleda; pudo incurrir en una falta, ya que al no ser delito, este caso pasa a ser competencia del órgano judicial de Estepa.