CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno concede 150 millones para educación a las comunidades

Por Vera Cid1 min

España14-12-2012

El Consejo de Ministros ha estado presidido por la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la ausencia de Mariano Rajoy, que se encuentra en la Cumbre de Bruselas. Uno de los temas abordados ha sido la incostitucionalidad por el euro. Se ha autorizado al presidente del Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la tasa judicial aprobada por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de marzo.

Según Sáenz de Santamaría, este recurso se interpondrá después de que "no haya habido acuerdo" con el gobierno de Artur Mas en las negociaciones mantenidas desde que se puso en marcha esa tasa. Se trata del euro por receta y de las tasas aprobadas por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de Justicia. En materia educativa se han aprobado cuatro acuerdos para distribuir entre Comunidades Autónomas créditos. El primero de ellos, el desarrollo del plan PROA de apoyo a centros de educación primaria y secundaria que atienden a alumos en situación de desventaja. Por otra parte, la distribución de los créditos para el programa de financiación de libros de texto, material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza, el desarrollo del programa de mejora y aprendizaje de lenguas extranjera y el plan para la disminución del abandono escolar temprano. También se han anunciado dos acuerdos en materia social. Se destinarán 40 millones a distintos planes y programas: Uno de ellos, el plan concertado para dotar y mantener centros de servicios sociales y albergues, etc. Y otro en el que se destinarán 6,7 millones para sufragar programas derivados del Plan Nacional de Drogas. Asimismo, también se han aprobado las ayudas para financiar a jóvenes que se desplacen a otro país de la Unión Europea para trabajar. El objetivo es financiar a jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, que deseen trabajar en otro Estado de la Unión Europea, y apoyar empresas, particularmente Pyme, que contraten a estos jóvenes a través de un programa de integración. El Consejo también ha aprobado ampliar el plazo concedido a Jaime Montalvo para volver a dictar el laudo arbitral que resolvió el conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla.