MADRID ARENA
La comisión de investigación del Arena presenta sus conclusiones
Por Vera Cid
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España12-12-2012
El Ayuntamiento de Madrid obligará a los empresarios privados que organicen actos en edificios municipales a que contraten los servicios del Samur, previo pago de las tasas correspondientes, e instará a las autoridades competentes a que haya presencia de oficio dentro de los recintos de Cuerpos y Fuerzas del Estado en eventos cerrados con más de 5.000 asistentes.
El portavoz del PP en la comisión de investigación, Enrique Núñez, añadió que ha quedado "constatado que ese mal uso viene derivado de una venta masiva de entradas" por parte de Diviertt, la empresa organizadora de la fiesta de aquella madrugada, en la que murieron trágicamente las cinco jóvenes. En cuanto a una posible asunción de responsabilidades por parte del Ayuntamiento, Núñez destacó que "se ha actuado dentro de la legalidad" y las limitó a la dimisión del delegado de Economía, Pedro Calvo, como máximo responsable de Madrid Espacios y Congresos, la empresa que gestiona el Madrid Arena, y al cese de dos directivos de esta sociedad municipal. El PP presentó ayer catorce propuestas de actuación, entre las que figuran aumentar las inspecciones previas en los edificios municipales por parte de la Policía Municipal y la instalación de elementos digitales de control de aforos, especialmente para los grandes eventos. Igualmente propone la actualización de los procedimientos operativos de los servicios de emergencia e instar los correspondientes cambios legislativos para permitir la presencia policial de forma permanente en aquellos actos en recintos cerrados con asistencia superior a 5.000 personas. Plantea también que quede terminantemente prohibida la celebración en recintos municipales de aquellos espectáculos o actuaciones artísticas que superen el aforo sentado, independientemente de que pueda haber público de pie. Asimismo plantea la creación de un mando único de seguridad y emergencias. Por su parte, el PSOE reclamó el cese o la dimisión de la alcaldesa de Madrid, del vicealcalde y de diferentes responsables municipales de seguridad y urbanismo. El partido de la oposición afirma en sus conclusiones que el Madrid Arena no tenía licencia y que en el recinto no se cumplió la normativa de seguridad.