LEY DE PARTIDOS
El PSOE insiste en que sea un fiscal quien solicite ilegalizar un partido
Por Noelia Hernández Martín
2 min
España30-04-2002
El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ha advertido al Gobierno de que los socialistas defenderán en el trámite parlamentario de la reforma de la Ley de Partidos Políticos, que sean el Ejecutivo y el fiscal los que puedan instar a la ilegalización de Batasuna. A su juicio, es un "error" que los parlamentarios puedan emprender este procedimiento.
El PSOE ha enviado al Partido Popular (PP) un texto de doce folios para llegar a un acuerdo en la Ley de Partidos. Las principales propuestas del texto son que el Ministerio Fiscal sea quien tome la iniciativa en la demanda de ilegalización de un partido, que la Sala Civil del Tribunal Supremo sea el órgano competente sobre la ilegalización y el rechazo a la retroactividad de la norma que quiere el PP. Todas ellas han centrado desde el principio el debate en torno a esta reforma de Ley, que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de abril, debe ahora superar el trámite parlamentario. Pero los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, desean, en el fondo, alcanzar un acuerdo sobre una ley tan importante como la que permitiría la ilegalización de Batasuna. El punto más duro para el Gobierno es la insistencia del PSOE en que sea el Ministerio Fiscal el promotor de la ilegalización de un partido. Los socialistas quieren dejar fuera de esta iniciativa al legislativo y a los partidos políticos por razones jurídicas y políticas. Jesús Caldera declaró que es una "función ajena al Parlamento" instar la ilegalización de un partido: "Es un error habiendo una norma que permite que el fiscal y el Gobierno insten al Tribunal Supremo a la posible disolución de una organización política que coopere con el terrorismo", opinaba Caldera. Sin embargo, el Gobierno sigue creyendo necesaria, por su trascendencia pública, la implicación de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- en la iniciativa de la demanda de ilegalización de una fuerza política. Otra propuesta socialista es que sea la Sala Civil del Tribunal Supremo la competente sobre la ilegalización. El Gobierno defiende que lo sea la Sala Especial del alto tribunal. Los socialistas alegan que la Sala Especial es competente en "procedimientos internos" mientras que el Ejecutivo, aunque admite que esa ha sido su labor, estima que la presencia de magistrados de todas las salas en la Especial la hace más adecuada para una responsabilidad judicial de ese calibre. Otro asunto de la negociación será el de la retroactividad de la norma. El PSOE propone una nueva redacción de la disposición transitoria del proyecto de ley que elimine su carácter retroactivo.