MEDIO AMBIENTE
El Gobierno aprueba una nueva Ley de Costas
Por Almudena San Román Gómez
2 min
Sociedad05-10-2012
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma de la Ley de Costas. Este Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral cambiará la Ley de Costas del año 1988. Esta reforma fue sugerida por el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Este cambio tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados. La nueva norma ampliará los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años.
En la rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que la ley proporcionará “seguridad jurídica” tanto a los ciudadanos como a las empresas, “reforzará la protección ambiental” de las costas y evitará “situaciones irreversibles”. Sáenz de Santamaría ha recalcado que es “un cambio normativo muy importante”. La nueva norma solucionará la situación de vencimiento de los permisos previstos en la Ley de Costas de 1988, se calcula que hay alrededor de 10.000 viviendas en DPMT (dominio público marítimo-terrestre). Medio Ambiente ha apuntado que en 2018 finalizarán cerca de 1.100 concesiones de viviendas lo que daría lugar a su destrucción. Con esta ley, el Gobierno quiere terminar “con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas” que ha producido, según Medio Ambiente, el desarrollo de ocupaciones irregulares. El Gobierno cree que con la nueva Ley habrá más confianza en la economía al contabilizar alrededor de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas producen “un elevado volumen de empleo”. Más de 1.700 ocupaciones son industriales y cerca de 3.000 son “chiringuitos” (restaurantes y quioscos). Las nuevas modificaciones consisten en conocer mejor la magnitud del DPMT (dominio público marítimo-terrestre) y adaptar criterios técnicos para dividir la costa según Medio Ambiente. La reforma también diferenciará entre los tramos urbanos de las playas (playas cercanas a superficies urbanizadas) y los tramos naturales (playas cercanas a espacios protegidos o superficies rurales) para las que implantará “un nivel de protección mayor” al actual. Para mejorar la protección del litoral, la Administración General del Estado podrá suspender mediante la administración, actos y acuerdos que puedan afectar al dominio público marítimo-terrestre o no respeten las zonas protegidas, que hayan hecho las entidades locales. La Administración podrá cancelar acuerdos que supongan construcciones ilegales. Tampoco se podrá construir ni mejorar (el aumento de volumen, altura o superficie) los edificios que estén en el DPMT. Los ciudadanos, para tener mayor seguridad jurídica sobre sus propiedades y derechos deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad. Aumentarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años como la Ley de Aguas si se respeta el DPMT. Como las concesiones finalizan a partir de 2018 según la anterior ley, se puede pedir una prórroga extraordinaria de 75 años antes de que empiece a cumplirse la reforma. Medio Ambiente ha apuntado que no es “una prórroga indiscriminada”, en los casos en que las ocupaciones son para usos de la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera “será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga”.