CASTILLA-LA MANCHA
Cospedal propone reducir los diputados y quitarles el sueldo
Por Raquel González 
2 min
España06-09-2012
La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria del Partido Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha propuesto este jueves al Grupo Parlamentario Socialista, en el Debate del Estado de la Región, reducir a la mitad el número de diputados del Parlamento. Esta medida choca con la reforma de la Ley Electoral, aprobada hace cuatro meses, mediante la que se elevó el número de diputados de 49 a 53. También ha planteado que los parlamentarios “dejen de cobrar un sueldo” por sus tareas políticas y puedan compatibilizar el escaño con una actividad profesional.
La reducción de los parlamentarios regionales exige una modificación “puntual” del Estatuto de Autonomía para poder, así, reformar la Ley Electoral de la comunidad autónoma. Esta cuestión será propuesta por la secretaria del PP a los socialistas, quienes se negaron a votar la anterior modificación, aprobada en mes de mayo, por la que se aumentó el número de parlamentarios regionales de 49 a 53. A modo de justificación, Cospedal ha manifestado: “los políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo” en estos tiempos difíciles. También ha detallado, en relación al Parlamento de Castilla-La Mancha, que es el “más austero de toda España”, a pesar de que se trata de la comunidad que mayor deuda y déficit registra. “También voy a proponer las reformas necesarias para que los diputados de Castilla-La Mancha dejen de cobrar un sueldo, que puedan dedicarse a su actividad profesional, que no pierdan dinero por su dedicación política y cobren por asistir, pero que no tengan sueldo”, ha detallado la dirigente popular. Durante su intervención en el debate, ha especificado que cuando un “diputado regional se presenta en una lista lo hace porque, pudiéndose ganar la vida”, quiere dedicarse a la política, defendiendo que “hay que hacer más con menos” en tiempos de “austeridad” y, de esta manera, se dignifica “la actuación y el papel de la clase política”. Con esta propuesta se pretende abaratar el funcionamiento de las instituciones y garantizar los servicios básicos, junto con otras muchas ya aprobadas como la eliminación del Defensor del Pueblo, la supresión del Consejo Económico y Social, además del 50 por ciento de directores generales y altos cargos o del 40 por ciento de asesores, la eliminación de gran parte de las empresas públicas de la comunidad o la reducción de la flota de vehículos de la Junta y del número de conductores.