España es el mayor receptor de inmigrantes de la UE

Por La Semana3 min

España24-04-2002

Uno de cada cuatro inmigrantes que llegaron a la UE en el 2001 se asentó en España. Este país se convierte en el mayor receptor de población inmigrante de la Unión, según el EUROSTAT. Los hijos de extranjeros han hecho posible que el balance de población sea positivo en España, donde residen más de un millón de inmigrantes en situación regular.

Pero a las costas españolas siguen llegando hombres, mujeres y niños que huyen de sus países de origen en busca del sueño europeo. Se calcula que son cerca de 250.000 los sin papeles que permanecen en territorio español y sin muchas posibilidades de salir adelante. Un extranjero que quiera residir y trabajar en España necesita llegar al país con un contrato de trabajo firmado antes de arribar en la península, o alegar reagrupación familiar, razones humanitarias o de arraigo. La dificultad del proceso lleva a muchos a optar por la patera y burlar la vigilancia de las costas españolas arriesgando su vida en el intento. Son 4.000, según ATIME, los muertos en este periplo en los últimos 5 años. No es la inmigración con recursos y posibilidades la que toma esta decisión. Los intensos flujos de inmigración pueden ser un problema, pero detrás de él subyace el de la desigualdad internacional y el de la corrupción política en los países del Tercer Mundo. Que España sea el país que acoge a uno de cada cuatro de los inmigrantes que se asentó en la UE en el 2001 desmiente las teorías que acusaban a la reforma de la ley de extranjería de insolidaria y de blindar al país frente a la llegada de extranjeros. Eso sí: es difícil conseguir la residencia. La única manera de, siendo extranjero, convertirse en residente en España es teniendo en las manos un contrato de trabajo que debe haberse firmado previamente en el país de origen. Los contratos que se ofrecen a los inmigrantes son los que se contemplan en el llamado “contingente”, y que se establece en función de las necesidades laborales españolas no cubiertas por nacionales. Según Enrique Fernández-Miranda, delegado del Gobierno para inmigración, que compareció en el Congreso la pasada semana, a día 9 de abril de 2002 se han aprobado un 75 por ciento de los puestos de trabajo estables previstos en el contingente y solicitados por las organizaciones empresariales -un total de 6.515- y un 36 por ciento –7.726- de los trabajos de temporada. Con la reforma de la ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2000, el Gobierno pretendía evitar el fomento de la inmigración ilegal. Suponía una intensa actuación policial y burocrática para poner en marcha los mecanismos de denegación de permisos de residencia a quienes no reunieran los requisitos, y de expulsión y devolución a los países de origen de los inmigrantes que no reunieran las exigencias establecidas. Fernández Miranda expuso en el Congreso los datos de este último año: respecto al año 2000, en 2001 se han duplicado las órdenes de expulsión (6.579 frente a 12.976, aunque especificó cuántas fueron realmente ejecutadas)-, han aumentado las denegaciones (de 6.181 a 8.881) y las devoluciones de inmigrantes a sus países de origen se han mantenido prácticamente igual (22.716 en 2000; 22.948 en 2001). En 2001 fueron 18.517 los detenidos intentando cruzar el Estrecho y en las Islas Canarias. La llegada de inmigrantes a las costas ha aumentado en un 23,4 por ciento respecto al año 2000, lo que también puede significar que la reforma de la ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla, que pretendían conseguir un efecto disuasorio de la inmigración ilegal, han fracasado en ese aspecto este primer año de vigencia. Y el problema que el Gobierno se niega a abordar es el de los miles de inmigrantes ilegales que residen en España, a pesar de todo. La respuesta de Fernández-Miranda, cuando se le preguntó al respecto en el Congreso, fue: “No habrá forma alguna, salvo las excepciones de la ley, de formalizar contratos a los inmigrantes en situación irregular”.