INMIGRACIÓN
AI le demuestra al Gobierno que siguen violándose los derechos de los inmigrantes
Un grupo de inmigrantes llega a España en una patera
Por Mª Jesús Torres
2 min
España22-04-2002
El último informe de Amnistía Internacional (AI), titulado España. Crisis de identidad: Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado, cita más de 320 casos que demuestran "una pauta de violación, por parte de agentes del estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o extranjeros residente en España".
Sin embargo, la organización apunta a que el número de casos en los que se producen torturas o maltratos podría ser muy superior, ya que la situación de irregularidad, los factores económicos, el desconocimiento del idioma, incluso la impunidad que muestran las fuerzas de seguridad españolas disuaden a las víctimas de denunciar esas situaciones. Este informe examina los casos de discriminación contra la Comunidad Gitana, las muertes producidas durante el periodo de custodia, así como la violación y asalto sexual a mujeres inmigrantes en el mismo periodo, los maltratos físicos y abusos de autoridad, las expulsiones de niños y adultos, así como las condiciones inhumanas en las que los mantienen. El documento se preocupa también por el incremento del racismo en España, ejemplificado en los incidentes ocurridos en El Ejido (Almería) en febrero de 2000, y el fracaso de la policía en la protección de los inmigrantes, así como la impunidad que muestran los agentes españoles. En la presentación del informe, la investigadora de AI, Gillian Fleming, recordó que está en manos de las autoridades españolas "decidir si la identidad del país en el siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas, o en la tolerancia de la diversidad y respeto a los derechos humanos". Fleming declaró que la organización está "desconcertada" por el informe que el Gobierno español presentó el pasado enero ante le Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas, ya que, en contra de lo que AI ha recogido, el Ejecutivo sostenía que en España "no tienen lugar la tortura o los malos tratos" y que la afirmación se apoyaba en que las denuncias por tales prácticas "han desaparecido o son realmente escasas". La contrarréplica vino de mano del titular del Ministerio de Interior, Mariano Rajoy, después de que el PSOE, Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna solicitaran su comparecencia ante el Congreso. El ministro de Interior mandó una carta de seis folios a las oficinas centrales de AI en Londres para clarificar once de los casos recogidos en el informe, así como "algunas inexactitudes de importancia". En la carta, además de aclarar el caso de la muerte de la inmigrante nigeriana Julianne Dannielle o la violación de la brasileña Rita Margarete Rogerio, expone que ni el Gobierno ni las fuerzas de seguridad toleran los ataques contra los derechos fundamentales de los extranjeros. Muchos de los casos recogidos en el informe están aún en manos de los jueces, han sido archivados por falta de pruebas o han supuesto una dura sanción para su autor.