SANIDAD
El copago enfrenta al Gobierno con Andalucía y el País Vasco
Por Almudena San Román Gómez
2 min
España26-07-2012
El Tribunal Constitucional ha aceptado los recursos contra el País Vasco y Andalucía en materia de sanidad del Gobierno central contra la subasta de medicamentos y el conflicto de competencias del decreto del País Vasco que entorpecía el copago farmacéutico en el País Vasco. Esta aceptación supone el estancamiento de las normas autonómicas ya que en las dos comunidades estaba suspendida su realización.
El Consejo de Ministros autorizó la reclamación ante el Tribunal Constitucional de estos acuerdos de Andalucía y del País Vasco (comunidades con gobiernos socialistas) el pasado 13 de julio. Esta petición es la segunda hecha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional sobre el decreto andaluz que tiene un sistema de subasta de medicamentos. La citada demanda está estancada desde el 2 de abril por un recurso anterior presentado por el Gobierno central cuando la Junta de Andalucía accedió a la negociación. La Junta no consintió la paralización del proceso de subasta y volvió a conceder los medicamentos mediante esta forma, haciendo los correspondientes contratos con empresas. Como no hubo acuerdo, el Gobierno recurrió al Constitucional en mayo y volvió a plantear otro recurso aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio. El Gobierno central también está pendiente de otro recurso, no está de acuerdo con la resolución de la subasta realizada por la gerencia del Servicio Andaluz de Salud. En el conflicto entre el decreto vasco y el Gobierno Central, el Ejecutivo cuenta con la ayuda del Consejo de Estado quien cree que la norma autonómica “contraviene” la básica del Estado. En el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio se decidió recurrir tras comprobar que el decreto autonómico “difiere” de la regulación estatal (decreto-ley 16/2012) en el porcentaje de la cuota del usuario y en la relación de los beneficiarios exentos. El decreto ley deja a las comunidades mejorar o aumentar las carteras autonómicas de servicios comunes del SNS (Sistema Nacional de Salud). Estas carteras podrán integrar técnicas, tecnología o procedimientos, pero “no parece que puedan ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas básicas del Estado” comunicó el Consejo de Estado. El Estado es quien tiene que decidir la financiación del SNS, se ha interpretado como “divergente” e “incompatible” el decreto vasco de evitar la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Las comunidades autónomas “carecen de competencias” para regular las prestaciones sanitarias, las cuales corresponden al Estado.