POLÍTICA SOCIAL

El PP introduce cambios en la Ley de Dependencia

Por David López2 min

España08-07-2012

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado una serie de reformas en la Ley de Dependencia, que será aprobada este viernes 13 de julio. Entre las medidas que se llevarán a cabo, Mato ha asegurado que se va a “revisar y simplificar el proceso de valoración”, para que ante situaciones similares de dependencia, se ofrezca la misma respuesta en todo el territorio. Por otra parte, se han consentido “divergencias de criterios en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida”. Además, no ha generado el empleo que se esperaba, y que estaba dentro de sus objetivos.

El Gobierno dejará de contribuir a la Seguridad Social por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente. Se suspenden los abonos mientras buscan otras alternativas, según fuentes gubernamentales de El País. La medida afectará a unas 178.300 personas que completaban con estas aportaciones del Estado otros años cotizados para tener acceso a una futura pensión. Una de las reformas previstas consiste en financiar más generosamente los servicios que las prestaciones económicas. Un punto clave de esta reforma prevista por el gobierno será la de agilizar los procesos burocráticos que conciernen a la determinación de niveles de gravedad de la dependencia. En este caso, el Gobierno ha decidido que eliminará dos de los niveles en los que se divide cada grado de la dependencia. Desde que se presente la forma y sea aprobada en el Consejo de Ministros la ley solamente contará con tres niveles de gravedad. Con esta medida se intentará esclarecer de manera menos difusa las prestaciones de ayuda que deberá recibirse según el nivel de gravedad. De esta manera se pretende evitar el riesgo de que algunas Administraciones regionales se aprovechen del sistema de valoraciones imponiendo como grado dos al que antes hubiera sido grado tres en su nivel más leve. En este sentido, el Gobierno no pagará lo mismo a las comunidades por un dependiente grave que por uno severo, ni las comunidades aportarán la misma cantidad económica. Habrá más controles sobre la idoneidad de los cuidadores y se exigirá que vivan con el dependiente por lo tanto se endurecerán los criterios para acceder a una prestación por ser cuidador familiar. Hay todavía varias cuestiones que tienen que revisarse: los precios de referencia para los servicios que se ofrecen a los dependientes puesto que una vez que se determinen servirán para establecer el copago del usuario (los distintos responsables regionales se han comprometido a llegar a un acuerdo sobre esto antes de fin de año). Y las cuantías económicas que reciben los cuidadores familiares. En las reuniones ya ha habido propuestas para que se rebaje la cuantía máxima (520 euros para los dependientes más graves) que supondría un ahorro para las arcas públicas. Esta medida ha sido especialmente respaldada por aquellas comunidades que tienen muchas pagas de cuidadores concedidas, pero para esto deberán desarrollar la prestación de servicios para poder seguir recibiendo las ayudas económicas. La ley de Dependencia fue concebida “con el consenso mayoritario de todos” y “es un valioso instrumento de solidaridad, pero que ha sufrido los errores y malas previsiones del anterior Gobierno, que la han arrastrado a una situación de insostenibilidad”, ha dicho Ana Mato, ministra de Sanidad y Servicios Sociales durante su intervención en el Campus FAES 2012.