MEDIOS

El Congreso debate las entrevistas a delincuentes en televisión

Por Almudena San Román Gómez2 min

Comunicación28-06-2012

Se ha celebrado en la Comisión de Justicia del Congreso, una sesión para regular si los delincuentes pueden ser entrevistados en la televisión y si pueden cobrar por hablar. La solución ha sido la autorregulación de los medios. El PP, CiU y Coalición Canaria (CC) han llegado a un acuerdo en el Congreso, el PSOE ha preferido abstenerse.

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria ha pedido cambiar la Ley General Audiovisual. Esta petición ha sido para prohibir que los delincuentes, imputados o familiares pudiesen hablar en televisión y más si podían obtener beneficios económicos. La respuesta del PP ha sido que no, “porque podría ser contraria a la libertad de expresión”. Para ello, Ana Oramas ha citado los casos de Julián Muñoz (ex alcalde de Marbella con cuentas pendientes) quien se embolsó 350.000 euros, Luis Roldán quien ganó 50.000 euros (penado por malversación de capital) o Rosalía García con 10.000 euros, más conocida por ser la madre de “El Cuco” (imputado en la muerte y desaparición de Marta del Castillo). Ana Oramas, piensa que el Estado en este tipo de entrevistas no puede ser “impasible”, lo que hacen es “subrayar la perversión de valores que supone que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por a una televisión a hablar de ello”. “El Congreso debe poner fin a esta práctica despreciable”. Esos medios de comunicación “prestan el servicio público de televisión sobre la base de concesiones públicas realizadas por el estado. «Paradójicamente, se premia con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas», declara. El PP cree que la mejor solución es la autorregulación, ya que su prohibición sería quitar la libertad de expresión. El diputado Juan Carlos Lagares ha dicho que “cambiar la ley para evitar estas situaciones podría introducir mecanismos de control contrarios a la libertad de expresión o a la presunción de inocencia". La portavoz de CiU, Montserrat Surroca está de acuerdo, estas entrevistas son “moralmente inaceptables” pero, al igual que el PP duda sobre si se pueden hacer reformas legales. La conclusión ha sido que "los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión realicen cualquier tipo de pago o prestación directa, o a través de terceros, a personas que, habiendo sido condenadas por la Justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas que les fueran impuestas, así como a sus familiares y allegados". El Congreso "insta a los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión para que acuerden los mecanismos de autorregulación que sean precisos para evitar acciones como las descritas".