TERRORISMO
El Tribunal Supremo absuelve a un etarra que atentó contra el TAV
Por Alba García Amaya
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España13-04-2012
El Tribunal Supremo ha absuelto al etarra Asier Badiola de una pena de ocho años de cárcel por falta de pruebas. La condena le fue impuesta por la Audiencia Nacional por atentar con dos artefactos explosivos contra las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en mayo del año 2008. En el atentado no se produjeron victimas aunque sí se valoraron 127.000 euros en daños materiales. El otro etarra imputado por los mismos hechos, Ibon Iparragirre, no ha sido absuelto por el Tribunal.
La sentencia señala que en el caso de Badiola los agentes de la Policía a los que el acusado hizo la declaración autoincriminatoria no acudieron al juicio celebrado en la Audiencia Nacional por lo que su declaración no ha podido ser introducida en el acto. De este modo, el Tribunal ha valorado como prueba del cargo la declaración de Badiola en el atestado policial, aunque ésta sólo tiene valor de denuncia y además, necesita de una corroboración posterior, según ha dicho el Tribunal. La vista fue celebrada el pasado 20 de marzo y en ella se revisó la condena, la Fiscalía pidió la confirmación de ambas condenas y los abogados de Iparragirre y Badiola no se presentaron para defender a sus clientes. Por lo tanto, el fiscal del caso, Luis Navajas, sugirió a la Sala a confirmas las condenas por un delito de tendencia de explosivos y otro de daños terroristas al considerar que hay “múltiples” e “inequívocas” pruebas obtenidas de forma legal que demuestran que los dos acusados son integrantes en el comando terrorista y que participaron en los sucesos. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró culpables a Baiola y a Iparragirre de colocar dos artefactos explosivos debajo de la excavadora de la empresa “Construcciones Amenábar”, concesionaria de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). Los acusados pusieron las bombas debajo de dos excavadoras de la empresa que estaban aparcadas en Hernani, Guipúzcoa. El atentado no tubo víctimas pero los daños materiales ascendieron a más de 127.000 euros. Julio de Diego, Fernando García Nicolás y José Ricardo de Prado, magistrados de la Audiencia Nacional, consideraron a la hora de condenarles las declaraciones de Iparraguirre que inculpó a Badiola.