CASO DE LOS ERE ANDALUCES

La juez impone a Guerrero una fianza de 686 millones

Por Yanira Martín2 min

España16-03-2012

La juez encargada de investigar las irregularidades cometidas en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 686 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal imputado en el caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, que se encontraba en prisión desde el pasado sábado.

La fianza es inferior a la solicitada en un principio por la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido 933 millones de euros, lo equivalente al dinero robado (unos 700 millones), incrementando la cantidad en un tercio, tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil para estos casos. Del mismo modo, la magistrada ha rechazado la petición del abogado del acusado de expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso. Alaya ha imputado además a todos los superiores de Guerrero por haber consentido que la Junta llegara a acuerdos ilegales durante un período de 10 años. Entre los acusados se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el que fuera viceconsejero, Agustín Barberá y los ex directores generales Daniel Rivera y Juan Márquez. No obstante, el diputado socialista y ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, se encuentra apartado del proceso. Por otra parte, la defensa de Guerrero presentó este jueves un recurso en el que solicitaba que su cliente pudiera salir de la cárcel a partir del próximo día 20 de marzo, día que declarará su ex chófer, Juan Francisco Trujillo. Según defiende el abogado, una vez se conozca este testimonio “no podrá presionar a nadie ni ser presionado". Además, aseguró que Guerrero no tiene intención alguna de fugarse. “Ha tenido ocasiones y no lo ha hecho”, subrayó. Asimismo, ha señalado que el preso será trasladado del módulo de preventivos al módulo de respeto por su buena conducta. El escándalo de corrupción de los ERE fue denunciado por el propio Gobierno de Andalucía al detectar una red de políticos corruptos que desde el año 2000 se dedicaba a robar dinero de las arcas públicas. El origen de la investigación surgió en la empresa Mercasevilla, donde se hallaron prejubilaciones fraudulentas. Francisco Javier Guerrero es el principal acusado en este caso por cometer estas infracciones durante su mandato entre los años 1999 y 2008.