MÉDULA ÓSEA
Alertan de que una empresa capta donantes de médula ósea de forma ilegal
Por Gabriela Miranda
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Sociedad17-01-2012
La empresa alemana DKMS considera "lamentable" que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) le acuse de intentar captar donantes de médula ósea en España de forma ilegal ya que, según asegura, "todas las actividades llevadas a cabo cumplen la legislación y normativa españolas vigentes".
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha alertado de que la empresa alemana DKMS, afincada en España como fundación, está buscando donantes de médula ósea sin contar con el beneplácito de las autoridades sanitarias españolas, y recurriendo a la exportación "ilegal" de muestras biológicas. El Ministerio ha insistido en que DKMS no dispone ni de las autorizaciones legalmente exigibles, ni de los convenios y acuerdos de colaboración que habilitan para realizar funciones que son competencia del Sistema Nacional de Salud, por lo que tanto la FJC-REDMO como la ONT insisten en la ilegalidad de sus actuaciones en España. La empresa alemana, según ha explicado Rafael Matesanz (coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes) ha obtenido unas 1.200 muestras biológicas de ciudadanos españoles tras hacer un llamamiento masivo a la población, en octubre de 2011, para un paciente de Avilés (Asturias). Todo esto no ha contado con el consentimiento de de las autoridades autonómicas y estatales y tampoco ha contado con la Fundación Internacional Carreras, en quien están delegadas parte de estas actividades, y tampoco tienen la autorización para trasladar las muestras de saliva a Alemania, con el ADN de los donantes, como se ha hecho. Alemania tiene unas tarifas de 8.500 euros que incluyen todo el proceso, incluida la extracción, la conservación y congelación, y el envío. Ante estas ilegalidades Sanidad planea actuar judicialmente contra DKMS, que posee el registro de donantes de médula más grande del mundo, con 2,5 millones de personas de un total de 18,5 millones, y, para ello, ha encargado un informe jurídico a la Abogacía del Estado.