FUSIÓN

Cataluña debe entregar a Madrid 33,2 millones de euros en impuestos de Terra

Por La Semana1 min

Comunicación05-04-2002

La batalla más grande jamás librada entre autonomías por los impuestos de una empresa dio el segundo asalto a la Comunidad de Madrid. La Junta de Arbitraje reunida el jueves pasado dictaminó que los 33,2 millones de euros en impuestos que pagó Terra a la Generalitat en octubre del 2000 deben ser para Madrid.

Jordi Pujol arrancó la promesa a Juan Villalonga de que Terra cambiaría su sede social a Barcelona y ganó este primer asalto el 8 de junio del 2000, momento en que Terra decidió también ampliar su capital en 681,8 millones de euros. En octubre del 2000, Terra escrituró la ampliación de capital y pagó el impuesto de actos jurídicos documentados, 33,2 millones de euros, a la Generalitat. Madrid recurrió en abril del 2001 y, al no obtener respuesta, el 19 de junio planteó un conflicto de competencias ante la Junta Arbitral. El argumento del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón es que, aunque la sede social fue trasladada a Barcelona, su domicilio fiscal y la dirección del negocio se encontraba aún en Madrid. Éste precisamente ha sido el argumento que ha manejado la Junta para determinar que la recaudación legal corresponde a la Comunidad de Madrid: segundo asalto para Gallardón. La Junta de Arbitraje está compuesta por cuatro representantes de Cataluña, cuatro de Madrid y cuatro de Hacienda; la decisión salió adelante con los votos de Hacienda y de Madrid, por lo que desde Barcelona no han dudado en calificar la decisión de política: Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, afirmó que “quien decide es el Ministerio” y Artur Mas, conseller en cap, sostiene que la decisión abre “una batalla entre comunidades” y ha encargado un informe con datos de grandes empresas cuya sede social está en Madrid pero cuya actividad principal se desarrolle fuera de la capital. La Generalitat ha presentado un voto particular contra la decisión de la Junta Arbitral, lo que congelará la decisión, y en dos semanas recurrirá a la Audiencia Nacional.