REFORMA CONSTITUCIÓN
Miles de ciudadanos se movilizan ante el “reformazo” constitucional
Por Javier M. Fandiño2 min
España04-09-2011
“¿Por qué ahora?”. Esta es una de las múltiples incógnitas que rodean al debate de la reforma constitucional pactada por PP y PSOE. Si bien es cierto que los 70.000 millones de deuda que tiene que emitir Italia en las próximas semanas y su más que presumible dificultad para colocarlos podría afectar negativamente a la deuda española, muchos dudan de su carácter de urgencia y, de lo que es más importante, que previsiblemente no vaya a ser refrendada por los españoles.
Desde el prestigioso semanario británico The Economist acusan a Zapatero de ceder el asiento de la Moncloa a Mariano Rajoy y pactar una reforma constitucional basada en la “regla de oro alemana” de poner un dique sobre el déficit público, una medida que ya fue alabada por los populares hace dos años cuando Alemania adoptó esta fórmula. Las voces alarmistas han llegado desde el propio PSOE. Mientras que el diputado socialista por Madrid Antonio Gutiérrez cumplió su promesa de votar en contra de la reforma constitucional por “no haber sido objeto del más mínimo debate un proyecto de tal envergadura”, el diputado socialista por Córdoba Juan Luis Rascón se ha mostrado partidario de la celebración de un referéndum para ratificar la medida, uno de los puntos más polémicos de la reforma y más demandado por los españoles. De acuerdo con lo establecido con la Constitución, para que el pueblo sea consultado en cualquier modificación de la Carta Magna es necesario que un 10 por ciento de los parlamentarios de cualquiera de las dos cámaras avalen dicha consulta antes de que venzan 15 días tras su aprobación. De este modo, serían necesarios 35 diputados o 26 senadores. Con la deserción de Rascón y Gutiérrez de las directrices socialistas y contando con que diez diputados de CiU, tres de ERC, dos de BNG, dos de CC, uno de IU, uno de ICV, uno de NaBai y uno de UPyD se muestran a favor de la consulta popular, harían falta 12 diputados más para que la consulta saliera adelante. Lo cierto es que ya han sido miles de ciudadanos los que se han salido a las calles de una decena de ciudades españolas para rechazar el carácter de urgencia de la medida y, lo que consideran más importante, solicitar la convocatoria de un referéndum para que el pueblo dictamine sobre su futuro. Barcelona, Bilbao, Madrid, San Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife y Valencia son algunas de las capitales españolas en las que las plataformas Democracia Real Ya, Juventudes Sin Futuro y el Movimiento 15-M movilizaron a las masas en contra del que han denominado “reformazo”. Los sindicatos son otro amplio sector de oposición que se siente especialmente damnificado por las últimas reformas socialistas. Si bien la autorización de dos años para la contratación temporal sin límites supuso un enfrentamiento entre Gobierno y centrales sindicales, el establecimiento de un límite para el déficit público en la Carta Magna podría suponer, para UGT, “un recorte del Estado de Bienestar, atacando los intereses de los trabajadores”. Una Constitución ya reformada La aprobación en 1992 del Tratado de Maastricht ya obligó a España a realizar la primera y hasta ahora única reforma constitucional en sus más de 30 años de vigencia. También tramitada con carácter urgente y sacada adelante sin referéndum popular, la reforma afectó al artículo 13.2 de la Carta Magna, permitiendo a todos los ciudadanos de la UE residentes en España que pudieran presentarse en las listas municipales.