Política

Francisco Camps se sentará en el banquillo de los acusados

Por Caterina Crespo3 min

España15-07-2011

Tras más de dos años de investigación, desde febrero de 2009, con el que por entonces era el juez Garzón, de un juicio mediático, y de una lucha constante para que Camps pudiera del juzgado como aforado, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors ha decretado la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat y del PP valenciano. Todo por un presunto delito de cohecho impropio al haber recibido, supuestamente, varios trajes pagados por las empresas de la trama Gürtel. Por tanto ya no existe recurso alguno para que Camps no se siente en el banquillo de los acusados. Con él, serán también juzgados Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y actual portavoz de Economía; Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo. Juicios que se van a dar unos meses antes de las tan esperadas elecciones generales, y que la sentencia, afectará directamente a la imagen de Rajoy, y de los miles de valencianos que le han votado de nuevo en las pasadas elecciones del 22 de mayo.

En el auto dado a conocer este viernes, el magistrado Flors pide que presten una fianza equivalente a la multa solicitada por la Fiscalía (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret; y 35.000 euros en el caso de Víctor Campos) y un tercio más de esa cantidad. Sin embargo, rechaza abrir juicio oral por las supuestas irregularidades administrativas en los distintos contratos de la Administración autonómica con firmas vinculadas a la trama Gürtel. Es decir, reitera que la causa “de los trajes” no se unirá a la abierta por la supuesta financiación irregular del PP valenciano. En un plazo de 15 días las partes tendrán que comparecer ante la Sala de lo Civil y lo Penal, que se designe. En este caso, corresponde según el turno de la sala al magistrado Juan Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio. El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebrará como mínimo un mes antes de la celebración de la vista. Según Flors, los acusados podrían haber incurrido, de acuerdo con las pruebas recabadas durante la instrucción, en un delito de cohecho impropio pasivo al aceptar, supuestamente, regalos en consideración a su cargo. En el auto está presente que menos cuatro trajes procedentes de Milano, que Camps devolvió, porque no le venían bien, según ha declarado el sastre José Tomás, las demás prendas elegidas y encargadas por los acusados fueron recibidas y aceptadas a sabiendas de quién asumiría el pago. Todo según las palabras del modisto. Trajes de hasta 10.000 euros la pieza. El juez además ha explicado que el alto valor de las prendas no puede pasar por alto y no se pueden justificar bajo el abanico de regalos de cortesía como se ha querido demostrar. Todos menos los beneficiarios de las vestimentas que todavía no han dicho si los han aceptado o no. El Magistrado por su parte cree que hay pruebas más que fundadas de que esos trajes han sido regalo más que pagados por favores. Y por tanto, Flors califica de razonables y fundamentados los escritos de las acusaciones y apunta que los peritos no han podido alcanzar conclusiones "absolutamente inequívocas" por las deficiencias de los documentos intervenidos (para ocultar los comportamientos irregulares) y la posible "manipulación de datos informáticos" para excluir al presidente Camps. Aún así, insiste en que "los peritos inspectores de Hacienda llegan a afirmar en su dictamen que sí se puede concluir razonablemente (...) que su importe fue pagado mediante cheques librados contra cuentas de la titularidad de Orange Market". Para Flors, "no consta ninguna otra razón" diferente a la condición de autoridad de los acusados "que permita explicar por qué motivo las sociedades del grupo controlado por Francisco Correa tuvieran que obsequiarles de aquel modo. Ni si quiera la amistad de algunos de ellos con Álvaro Pérez 'El Bigotes', como alegaron las defensas. Por tanto hay más que pruebas de que quien pagaba los trajes era Pablo Crespo, "con quien no consta relación ninguna de amistad íntima", todo sufragado en sociedades del grupo. Asimismo, el auto también cuestiona la última baza de la defensa de Camps, que sostenía que en el caso de que el jefe del Consell hubiera recibido regalos, lo hizo como presidente del PPCV y no del Gobierno autonómico. No obstante, Orange Market suscribía contratos tanto con el partido como con la Generalitat, que adjudicó "sistemáticamente" a la firma de 'El Bigotes' la instalación del pabellón valenciano en FITUR.