ANTE EL RECLAMO DE PSC Y CIU

Zapatero rechaza en estos momentos cambiar la ley del Tribunal Constitucional

Por Alejandro Serrano2 min

España27-04-2010

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el presidente de CiU, Artur Mas, han llegado a un acuerdo en la reunión que ha tenido lugar este lunes, para pactar la defensa del Estatuto catalán y propiciar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), pero se han encontrado con una reacia Esquerra Republicana, que se resisten a firmar la resolución para dejar claro que su opción no pasa por el Estatuto ni por el Tribunal Constitucional, sino por la independencia de Cataluña.

Dicho acuerdo constará finalmente de cuatro puntos. El primero reafirma la plena constitucionalidad del Estatuto, el segundo insta al Congreso y al Senado a proceder de forma inexcusable a la renovación del tribunal, el tercero incluye una de las exigencias de CiU al emplazar al TC a declararse incompetente para pronunciarse sobre el Estatuto catalán. El cuarto pide reformar la ley orgánica del Constitucional para impedir la permanencia de magistrados con mandato caducado. Concretamente, el Parlamento catalán se compromete a llevar a cabo "todas las acciones a su alcance" para conseguir esta inhibición del alto tribunal. Zapatero ha admitido que "se puede hablar" de cambiar la Ley que regula el Constitucional, pero añadió que "a día de hoy" es preferible que el Alto Tribunal funcione conforme a la ley actual. "Al Tribunal Constitucional lo que es del Tribunal Constitucional y al Parlamento lo que es del Parlamento", ha declarado en la sesión plenaria en la Cámara Alta, en respuesta al parlamentario de CiU Jordi Vilajoana, quien le ha reclamado la renovación de los miembros del tribunal que han superado su mandato y ha pedido que se inhiba en el recurso sobre el Estatuto catalán. El jefe del Ejecutivo, en una respuesta en la sesión de control del Gobierno, se ha pregunta qué hubiera sucedido "si se hubiera emitido una sentencia". "No recuerdo que una no sentencia provoque tanto debate", incluso "una cierta sensación de conflictividad institucional", ha reconocido por las críticas políticas al Constitucional y las propuestas para reformarlo o que se declare incompetente. La secretaria general de los populares, María Dolores De Cospedal, ha acusado también al Ejecutivo de "estar sometiendo a casi todas las instituciones del Estado a unas presiones intolerables", especialmente dos de las más importantes del ordenamiento español, el Constitucional y el Supremo. La situación, según ha recalcado De Cospedal, llevó ayer a María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, a "salir en defensa" del Tribunal Constitucional a pesar de que deberían haber hecho eso mismo los integrantes del Gobierno, en concreto el propio Caamaño. Ha añadido: "Está siendo el PSOE el que avala los ataques al Constitucional". De Cospedal ha sentenciado que la responsabilidad del deterioro que puedan padecer algunas instituciones será únicamente del equipo de Zapatero. Caamaño ha respondido con una reclamación al PP: "Sigan el criterio de la Constitución y actúen con lealtad, y hagan posible la renovación de las instituciones democráticas".