El PNV sólo admitirá desalojar a los alcaldes de Batasuna a partir del año 2003

Por Cristóbal Cabezas Martín2 min

España23-02-2002

El Partido Popular (PP) considera insuficiente el acuerdo logrado y culpa al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de no querer aislar a los radicales. La reunión entre todos los partidos vascos ha servido para crear un foro en el que se analice la seguridad de los concejales vascos, incluidas las reformas legales.

Ni los más optimistas lo suponían. Los partidos vascos pusieron fin a cuatro años de desencuentros al convenir la creación de un foro en el que se consensúen medidas, incluidas reformas legales, para asegurar que los cargos públicos en el País Vasco puedan ejercer su labor con libertad. El principio de acuerdo obtenido, que fue acogido de forma satisfactoria por todos los partidos políticos a excepción del Partido Popular (PP), incorpora la presentación en todos las juntas municipales de Euskadi de una moción impulsada por la Asociación de Municipios Vascos que reclama a los partidos que indiquen su postura respecto a la violencia. Esta medida supondría que, después de las elecciones municipales del año 2003, ningún partido pueda utilizar los votos de Batasuna (anteriormente Herri Batasuna) para gobernar o hacer oposición. La formación radical sólo podría ostentar alcaldías donde consiguiera la mayoría absoluta. La decepción del PP vino de la negativa de su principal proposición, en la que estuvo apoyado por el Partido Socialista de Euskadi- Euskadiko Ezquerra (PSOE-EE), y que consistía en aislar a Batasuna desocupándola de manera inmediata de los ayuntamientos que posee en la actualidad. La reunión significó el principio de una serie de acuerdos que garantizarán la seguridad de los concejales amenazados en el País Vasco. En concreto, se intentará asegurar la confidencialidad de los bienes y registros de los ediles amenazados, posibilitar la participación en los plenos municipales a través de las nuevas tecnologías, y confirmar a lo largo de toda la legislatura la representación obtenida por cada partido. Esta última medida podría tener aplicación inmediata en la localidad guipuzcoana de Zumárraga, donde han dimitido o han sido asesinados siete de los 17 concejales que iniciaron la legislatura. También se abordarán reformas del Código Penal para endurecer las penas contra aquellos que amenacen o presionen a cargos públicos. Y se estudiará dotar de ayudas económicas a los partidos para mejorar la seguridad de sus sedes. Otra importante medida que se contempla en el principio de acuerdo es impulsar iniciativas en los ayuntamientos para arropar a los ediles amenazados. Este apoyo de la movilización ciudadana estaría respaldada por reuniones de los partidos políticos a nivel municipal.