INMIGRACIÓN

Grupos racistas impiden que muchos inmigrantes se adapten en España

Por Juan Heralta Rodríguez3 min

España17-01-2010

La historia de los inmigrantes es la del esfuerzo, la de la lucha por salir de la pobreza, la de conseguir un sueño, sacar a su familia adelante. A finales de los años 90 y en los primeros años del 2000, miles de inmigrantes llegaron a España con la ilusión de encontrar en España un futuro esperanzador y lleno de éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchos lo consiguieron, pero otros no corrieron mejor suerte y tuvieron que luchar por ser aceptados y tratados por igual.

El problema con el que se encuentran muchos inmigrantes a su llegada es que disponen de poco dinero, a lo que se le une que algunos no tienen derecho a moverse libremente en el marco de los países de la Unión Europea. Es por eso que España se ha convertido en el destino favorito, sobre todo de sudamericanos, puesto que se comparte idioma y un pasado común. En la actualidad, debido a la etapa de crisis que esta viviendo el Gobierno español, muchos de los trabajos que aparecen para los españoles son empleos precarios, cuya inestabilidad sirve a los empresarios para pagarles mal y abusar de largas jornadas laborales. Con este panorama, sólo algunos parados están dispuestos a aceptar este tipo de empleos, por lo que en su mayor parte, estos son cogidos por los inmigrantes, para poder asentarse en España y tener algo con lo que poder sacar a su familia adelante. Pero a pesar del aumento de inmigrantes y de su integración paulatina en la sociedad española, que en algunas comunidades autónomas se ha multiplicado por diez con respecto a hace 9 años, no pueden estar del todo tranquilos. En lugares como El Ejido, de Almería, se ha producido la persecución de inmigrantes, quema de sus negocios y viviendas, y asalto a las sedes de las organizaciones no gubernamentales que se habían destacado por su labor de apoyo a ese colectivo. Para muchos, la crisis económica podría ser una de las razones de estas tensiones, al ser una etapa de recesión y de escasez de puestos de trabajo. A lo que se une que se esta construyendo una Unión Europea en la que la política común de inmigración es la última y verdadera frontera del inmigrante. La consideración de un inmigrante como legal o ilegal se realiza fundamentalmente en función del trabajo, pero no se trata de cualquier trabajo, sino de uno cualificado. Es así que el tipo de trabajo determina los derechos del individuo. En Francia y Alemania, se esta organizando una huelga de trabajo denominada el “Día sin inmigrantes” con la que se quiere denunciar que los derechos de las personas no son la consecuencia lógica de residir en un Estado, sino que han de ser conquistados demostrando que aportan un valor añadido al sistema económico. En España, a su vez, aumentan los grupos neonazis. En los últimos tres años, los militantes y simpatizantes de estas organizaciones alégales han pasado de 3.000 a estar entre 10.000 y 11.500, que se suman a los más de 10.450 que podemos encontrar en Alemania. Las zonas de mayor presencia de este tipo de radicales son Madrid, sobre todo, en su periferia sur, Cataluña, en la periferia de Barcelona, y en otras zonas con fuerte implantación de extranjeros como Castellón, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Salamanca, Málaga, Sevilla, Granada y Asturias. Según el Movimiento contra la Intolerancia, estos se encuentran detrás de 81 asesinatos desde 1991. Según el informe Raxen contra la xenofobia, son los autores de no menos 4.000 las agresiones al año en España de carácter racista. España parece olvidar que hace un tipo era ella la que emigraba a países como Alemania, Argentina y Francia en busca de una mejor suerte y una tolerancia que en su país no acababa de encontrar. Asimismo, España ha vivido otra situación similar a la de Vic. Esta vez ha tenido lugar en el Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, donde también se han negado a inscribir en el padrón a aquellos extranjeros que tengan visado de turista. Asimismo, en este municipio, la normativa exige que aquella persona que quiera inscribirse acredite que dispone de al menos 20 metros cuadrados en su vivienda. De esta forma, todos los que no estén empadronados no podrán escolarizar a sus hijos ni hacer uso de la Sanidad pública. No obstante, el Ayuntamiento de esta zona se ha defendido y ha afirmado que su propuesta no tiene nada que ver con la del Ayuntamiento de Vic.